Medio Ambiente extiende la evaluación ambiental a los grandes planes de obras

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado el anteproyecto de ley que amplía la evaluación ambiental a los grandes planes de infraestructuras, y no sólo a cada obra, como ha ocurrido hasta ahora. El objetivo es evaluar el impacto de cada plan en su conjunto, y cómo reducirlo. Sin embargo, la ley no afecta a los dos grandes proyectos de infraestructuras del Gobierno, el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte y el Programa Agua, que fueron presentados días antes de la entrada en vigor del plazo de la ley, que traspone una directiva europea.

El Ministerio de Medio Ambiente acaba de elaborar el informe de sostenibilidad ambiental de su alternativa al trasvase, pero antes de eso ya había licitado 27 proyectos. El Ministerio de Fomento redujo la exposición pública de su plan a la mitad del plazo que marcará la ley.

El Consejo de Ministros ha enviado al Consejo de Estado el anteproyecto de ley de evaluación de planes y programas. La norma, que traspone con más de nueve meses de retraso una directiva europea, obliga a evaluar el impacto de los grandes planes de infraestructuras. Ahora la evaluación ambiental se hace obra por obra: Medio Ambiente evalúa si el trazado de una carretera es aceptable, pero no mira si ya existe un tren que cubre el trayecto y si la carretera es innecesaria.

El borrador de la ley obliga a estudiar el impacto sobre la naturaleza de los planes "de agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, telecomunicaciones, turismo y ordenación del territorio", entre otros.

El director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre, explica que la ley "permitirá evaluar los impactos que tiene cada plan en su conjunto, no obra por obra. Por ejemplo, no nos limitaremos a ver cuál es el mejor trazado para una autovía entre Madrid y Badajoz, sino que veremos si es mejor un tren, una autovía o un aeropuerto, según el impacto en el entorno, las emisiones de CO2, etcétera".

Sin embargo, la ley no obliga a los dos grandes planes de infraestructuras del Gobierno: el Programa Agua, que sustituye al trasvase del Ebro con desaladoras y reutilización del agua, y el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT). El texto afirma que la evaluación se hará sobre "los planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004", la fecha marcada por Bruselas.

El Gobierno aprobó por decreto-ley el 18 de junio de 2004 el Programa Agua, que incluye la construcción y puesta en marcha de 19 desaladoras con una inversión de 3.798 millones de euros. El PP pidió sin éxito en el Congreso someter el plan a evaluación estratégica.

El 16 de julio de 2004, sólo cinco días antes del plazo que abarca la ley, el Consejo de Ministros aprobó la redacción de un plan estratégico de infraestructuras y transportes. Aunque el acuerdo es sólo una declaración de intenciones, se considera como "primer acto preparatorio formal" del plan, lo que lo exime de la ley. El plan contempla una inversión de 103.410 millones para construir 10.000 kilómetros de red de ferrocarril de alta velocidad y 15.000 de autopistas y autovías.

Alejandre reconoce que legalmente no existe obligación de realizar la evaluación estratégica de los dos planes, pero matiza: "Aunque no haya obligación legal, se va a hacer una evaluación ambiental de los dos programas de la forma más precisa posible. Primero el plan en conjunto y luego obra por obra".

El 7 de abril, el Gobierno publicó la síntesis del informe de sostenibilidad ambiental del Programa Agua, el primer trámite de la ley. El estudio compara el impacto del trasvase del Ebro con un alternativa en la que se reduce el consumo de agua y con el impacto de no hacer nada. La conclusión del ministerio, tras calcular el impacto sobre el cambio climático, la garantía y calidad del suministro de agua, la naturaleza y la posibilidad de mantener el suministro a largo plazo, fue que la desalación es mejor que el trasvase, como ya anunció el Gobierno nada más llegar al poder.

El responsable de agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, asegura que la evaluación del Programa Agua ha sido "un ejercicio puramente intelectual", por lo que abandonó la comisión encargada del análisis. "El ministerio ya ha licitado muchos de los proyectos", dice, "así que ahora no los va a cambiar aunque la evaluación dijese que eso es lo conveniente".

Alejandre admite que esa evaluación no va a ser muy precisa: "Hicimos un primer trabajo según el cual la desalación era más aceptable que el trasvase del Ebro. Además, la suspensión del trasvase era un compromiso electoral del PSOE al que sólo se oponía el PP".