Un fallo judicial que cierra las heridas abiertas

Eduardo Zaplana recibió el pasado día 16 de marzo el respaldo del Tribunal Constitucional, que avala la creación de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La batalla judicial y la defensa en los tribunales del principio de autonomía universitaria que recoge la Constitución comenzó en 1997 cuando 119 diputados socialistas presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la segregación forzosa de centros de la Universidad de Alicante. Ocho años más tarde el recurso ha sido desestimado, aunque con el voto particular de dos de ellos que discrepan de la decisión final al entender que deberían haber consultado a la Universidad afectada.

La sentencia, en síntesis, según explicó un experto constitucinalista, se fundamenta en que la Generalitat readscribió centros y facultades a la nueva Universidad y no "suprimió" ninguno. Tanto la LRU, vigente en la época, como la LOU actual, contemplan que para suprimir algún centro se debe dar audiencia a la institución afectada. Los magistrados del Alto Tribunal entienden que aunque la decisión del Consell fue "válida" aunque "no fue óptima" ya que, a su juicio, quiebra el principio de lealtad institucional que debe regir la relación entre las distintas Administraciones. El Constitucional agrega que la decisión no puede decirse que fuera "arbitraria ni irracional" aunque sí "discutible", pero insiste en que no se vulneró la autonomía universitaria ya que ésta no incluye el derecho de las universidades a contar con unos u otros centros. Esta misión corresponde al Estado o al Gobierno de la Comunidad Autónoma.

El ex rector Andrés Pedreño, con el respaldo unánime del resto de rectores españoles, entendió que esta segregación vulneraba el principio de autonomía universitaria. La sentencia rechaza como "carente de cualquier fundamentación argumentativa" la acusación de que la medida de segregar centros se adoptó como "castigo".

En el campus de Sant Vicent del Raspeig esta sentencia cayó cómo un jarro de agua fría. Todos reconcían que el Constitucional no les podía dar la razón en firme, puesto que el daño de la segreación es irreversible y que Medicina volviera Alicante ahora tendría unas consecuencias incalculabres. Sin embargo, confiaban en que el Alto Tribunal reconociera al menos que se vulneró la autonomía universitaria y que el Consell debería haber dado audiencia a la universidad afectada. Ahora en el campus todos "acatan" pero no "comparten" el sentido de la sentencia, y confían que el tiempo vaya cerrando la brecha abierta entre las dos instituciones académicas y se camine hacia la normalidad institucional.