La juez archiva la causa por la muerte de 27 trabajadores de Atofina

El Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián ha decretado el archivo provisional de la causa abierta contra la empresa Atofina de Hernani, que fabrica PVC, por un presunto delito contra la salud de los trabajadores. La planta ha sido investigada con el fin de dilucidar si la muerte en doce años de 27 operarios que pasaron por la firma se pudo deber a procesos cancerígenos motivados por su actividad profesional. La juez considera que "no ha quedado suficientemente justificada" la existencia del citado delito.

El proceso penal se abrió hace dos años tras una denuncia de CCOO. El sindicato tenía constancia de la muerte de un empleado de Atofina por cáncer de páncreas y sospechaba que los fallecimientos de 27 personas que trabajaron en la empresa podían estar relacionados con sustancias con componentes cancerígenos que se usan en la fabricación de PVC.

Informe de Osalan

La central puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que, tras varios meses de pesquisas, pidió al Juzgado la apertura de diligencias penales por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, que incluye la actuación de quienes "estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad" con la seguridad adecuada.

La juez ha dictado el sobreseimiento provisional de las diligencias. En su decisión ha sido "determinante" el informe realizado por Osalan en noviembre de 2004 sobre la exposición de los trabajadores al cloruro de vinilo. Ese análisis concluye que "las concentraciones de dicho compuesto en ambiente están por debajo de los límites aceptables", recoge la magistrada en su auto. Ello, unido al informe médico forense, le llevan a considerar que "no se ha acreditado infracción de las normas de prevención de riesgos laborales ni omisión de medios para los trabajadores" que hayan puesto en peligro su vida. Este informe ya llevó al fiscal hace unos meses a pedir el archivo.

CCOO no cuestiona que Atofina cumpla ahora la normativa, pero cree que las instituciones no han hecho "una investigación exhaustiva de las muertes". La central, que se presentó como acusación popular, no recurrirá el auto por falta de medios para litigar con la empresa.