Duros reproches de los vecinos del Carmel a las administraciones

"No nos hicieron ni caso", afirman los damnificados del Carmel. Después de 15 sesiones de comisión de investigación sobre el hundimiento en las obras del metro, ayer llegó el turno de los vecinos del barrio. Las intervenciones de sus cuatro representantes tuvieron un claro punto en común: el reproche a las administraciones por no prestar oído a sus repetidas advertencias de que desde el pasado verano algo se movía bajo sus casas. Por otra parte, el Gobierno central aprobó ayer en el Consejo de Ministros ayudas para el barrio por valor de 2,1 millones de euros.

Los cuatro comparecientes fueron los representantes de las dos entidades que ya existían antes del socavón: la asociación de vecinos, que preside Fernando González, y la de los comerciantes Carmel Centre, Josep Maria Mas, además de las dos agrupaciones surgidas de la crisis, la Asociación de Afectados Línea 5, cuya portavoz es Mari Carmen Pérez-Pozo, y la Asociación de Damnificados del Carmel, liderada por Tomàs Garcia.

Exceptuando a este último, que hizo una ácida crítica de la actuación del Ayuntamiento de Barcelona -recibida con estupor en la sala, con afirmaciones como "el Ayuntamiento nos ha abandonado"-, los otros tres líderes comenzaron sus intervenciones recordando las denuncias de vecinos sobre los temblores de tierra. "Llevamos sufriendo explosiones desde el verano, luego hubo dos denuncias por pequeños hundimientos y aparición de grietas", explicó Mas. "Las quejas fueron ignoradas, igual que ahora las denuncias de los vecinos de la Taxonera", abundó Mari Carmen Pérez-Pozo.

La desinformación sobre las obras del metro y sobre todo respecto al cambio de ubicación de la cola de maniobras ocupó también parte de las intervenciones. "No nos dieron información sobre el cambio de ubicación", explicó González.

A pesar de que la investigación sólo tiene competencias para esclarecer las causas del socavón, la comparecencia derivó hacia un examen de la gestión de la crisis que han llevado a cabo las administraciones.

Se reconoció la labor de los efectivos de emergencia y de la concejal del distrito de Horta-Guinardó Elsa Blasco, y la rapidez con que el Ayuntamiento realojó a los afectados en hoteles, pero se expusieron agravios como la "excesiva rapidez" con la que se hicieron los primeros realojos, suspendidos tras el segundo socavón.

El geólogo designado por los vecinos, Joan Carles Melgarejo, criticó la falta de sondeos y controles del túnel de maniobras y llegó a decir que "en las obras públicas los sondeos se realizan más porque lo requieren los proyectos que para estudiar el subsuelo".

Al final de la sesión, que se prolongó cinco horas, los abogados explicaron que han exigido a la Generalitat que aumente de 500 a 800 euros la ayuda mensual a los vecinos que tardarán meses en volver a su casa.

La buena noticia del día fue que la empresa Adigsa entregó las llaves de los pisos de las calles de Llobregós y Garcilaso a las 34 familias que se han quedado sin casa, a pesar de que 11 de los afectados se negaron a firmar el convenio por desacuerdos en la tasación de sus viviendas.