La subida pedida por los funcionarios supone 5,5 millones más en los sueldos de Justicia

Las reivindicaciones salariales de los funcionarios de Justicia, que ayer protagonizaron otra protesta en los juzgados de Bilbao, suponen cerca de 5,5 millones de euros, un 10% más de la partida destinada este año para sus sueldos, y el 7,7% de todos los recursos destinados al área de Justicia. Los trabajadores acusaron ayer a la viceconsejera Esther Larrañaga de "mentir" y "manipular" en este conflicto. Anunciaron que las protestas, que llegaron a materializarse el martes en una huelga general, proseguirán tras las elecciones, "si no nos llaman a negociar".

Los alrededor de 1.800 funcionarios de Justicia en el País Vasco reclaman la equiparación salarial con los trabajadores de la Administración vasca que desarrollan funciones análogas. Pese a que, según el decreto de transferencias de 1996, estos empleados siguen perteneciendo a cuerpos nacionales y es el Gobierno central quien fija las retribuciones para toda España, dependen del Ejecutivo autónomo, que es el que paga las nóminas y establece los horarios, las vacaciones o las guardias. Por ello, piden igualarse a los primeros niveles salariales de la Administración vasca, lo que, según sus datos, supone una subida de entre 2.100 y 3.500 euros brutos anuales, en jornadas de 37,5 horas.

Esta cantidad se traduciría en una cifra global de cerca de 5,5 millones de euros, según datos estimativos. Ello equivale a poco más del 1% de todo el presupuesto del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que este año supera los 397 millones. Pero la partida específica de Administración de Justicia es de 71,1 millones de euros. Para este año, el departamento ha destinado más de 55 millones para los sueldos de estos 1.800 funcionarios, una cifra que dobla los 26 millones que había disponibles en 1996, asegura un portavoz oficial de la consejería que dirige Joseba Azkarraga (EA).

Plataforma de mínimos

Un centenar de trabajadores protagonizó ayer, en el vestíbulo del edificio de Justicia en Bilbao, una concentración "estruendosa", con pitidos, gritos y aplausos, en la que pidieron una negociación con el Gobierno. "El mayor conflicto es que no quiere a sentarse a negociar una plataforma de mínimos", manifestó José Luis Fradejas, representante de ELA. Los protagonistas de este conflicto, que es apoyado por los seis sindicatos de Justicia (CC OO, CSIF, ELA, LAB, UGT y CGT), se mostraron especialmente críticos con la viceconsejera Esther Larrañaga, quien el martes aseguró que las peticiones sindicales no son una reivindicación "laboral asumible y fundada" y las atribuyó a un "ejercicio de oportunismo político".

En un comunicado, las seis centrales acusaron a Larrañaga de utilizar "la manipulación y la mentira" en lugar del diálogo, y le exigieron "una rectificación pública". Aseguraron que, lejos de tener "de carácter político", es un conflicto laboral iniciado en enero, después de estar un año "recibiendo largas". En este sentido, calificaron de "significativo" que se hayan unido los seis sindicatos, "que representan al 100%" de los empleados de Justicia en Euskadi. Asimismo rechazaron como "indignantes" las valoraciones sobre la euskaldunización, cuando "el Departamento se niega a hacer el esfuerzo que debiera" en favor del euskera, "limitando el número de personas que puede acudir a los cursos".

Los representantes sindicales señalaron que las ofertas hechas hasta ahora por la consejería son "las que tenían que aplicar de oficio" y resaltaron que la equiparación con el personal del Gobierno vasco se para "justo cuando el Departamento debe y puede afrontar un proceso de reforma" en la Justicia vasca "y cuando desaparecen los obstáculos para poder retribuirnos de la misma forma que a sus trabajadores".

CC OO volvió a criticar horas después a la viceconsejera y afirmó que está "inhabilitada moralmente" para ocupar un cargo público". El sindicato se mostró especialmente molesto por la "batería de falsedades" lanzada a su juicio por Larrañaga sobre la situación jurídica de los empleados, los condicionantes históricos y las funciones y tareas que realizan.

Las seis centrales anunciaron que, si "no nos llaman a negociar", tras las elecciones, volvieron a estudiar un calendario de movilizaciones que contemplará una nueva huelga general. Los funcionarios de Justicia, que en febrero y marzo realizaron paros de una y dos horas diarias, protagonizaron la última huelga significativa en 1997, cuando permanecieron sin ir a trabajar durante 21 días en demanda de una primera equiparación con la Administración de Lakua.