La UE juzga "positivo" el proceso de normalización

El Observatorio de la Unión Europea sobre Racismo y la Xenofobia, con sede en Viena, calificó ayer como "positivo" el proceso de regularización de extranjeros con trabajo, "que da a 800.000 inmigrantes la oportunidad de residir y trabajar legalmente en España", en comparación con la "dura y rigurosa" política en esta materia aplicada por el Gobierno del PP.

El organismo hizo esta afirmación en un estudio sobre Violencia Racista que analiza este problema entre 2001 y 2004 en los antiguos 15 Estados miembros.

Sobre España, el Observatorio advierte de que hay un aumento de la intolerancia contra los extranjeros. "La inmigración está siendo asociada en el imaginario popular con la delincuencia y el terrorismo". La actuación de "algunos políticos y altos responsables de la policía" ha contribuido a reforzar esta "imagen negativa" de los extranjeros, añade.

Sin embargo, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, no está de acuerdo con esta afirmación. La sociedad española "no es racista" y va a seguir "generando anticuerpos" para continuar siendo una sociedad "limpia y democrática", indicó ayer.

La ONG SOS Racismo es de la misma opinión que el Observatorio Europeo. En la presentación de su último informe anual, el portavoz de la organización, Diego Lorente, hizo ayer un llamamiento a las autoridades para que "prioricen de una vez por todas la lucha contra el racismo".

Acuerdos con Marruecos

La ONG solicitó la revocación de los acuerdos con Marruecos sobre el control de fronteras que "provocan vulneraciones de derechos humanos". Elena Maleno, voluntaria de la organización en este país, denunció que "desde que han mejorado las relaciones entre Zapatero y el rey de Marruecos, la situación de los procedentes del África negra en este país ha empeorado". "Con el dinero español [para controlar la inmigración ilegal] se están vulnerando los derechos humanos", aseguró. Según Maleno, el Gobierno alauí no tiene dinero para deportar a los inmigrantes a sus países de origen y por eso los hacina en campamentos donde la policía a veces los agrede.

SOS Racismo pidió una ampliación del plazo de regularización, debido al cambio promovido por el Gobierno para aceptar documentos alternativos al empadronamiento. Asimismo, solicitó una flexibilización de los requisitos para normalizarse y una ampliación a los familiares directos. Lorente exigió también el cambio de la normativa para que se acepte no sólo el arraigo laboral, sino también el social, que el hecho de estar en situación irregular no sea motivo de expulsión y que los inmigrantes puedan votar.