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El Ayuntamiento de Sevilla implantará un registro de las empresas que aspiren a la adjudicación de obras

El Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla aprobó ayer una modificación de la ordenanza de las obras de instalaciones en la vía pública para implantar un registro de empresas y un sistema de homologación para la realización de trabajos en los espacios públicos en la capital hispalense.

Este cambio en la ordenanza se llevará al próximo pleno municipal. Este registro será obligatoria para empresas públicas y privadas que aspiren a obra civil en los viarios y espacios públicos del término municipal de Sevilla.

Las firmas tendrán que depositar un aval para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ordenanza y la correcta ejecución de las obras o posibles daños. El cambio en la ordenanza, que fue apoyado por PSOE, IU y PP y con la abstención del PA, se produce después de que se comprobase que una red de empresas acaparó en 2003 la mayoría de las obras en el distrito Macarena.

Sobre este caso, el delegado de Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, informó ayer de que también en el próximo pleno se aprobará pedir a la Cámara de Cuentas que analice todas las cuentas de los distritos municipales durante la etapa de gobierno de PP y PA (de 1991 a 1999). Celis dijo que se pedirá que analicen "determinados convenios urbanísticos de miles de millones aprobados en la etapa andalucista y popular".

El concejal confió en que las líneas de investigación abiertas por el Ayuntamiento de Sevilla "clarifiquen" el caso de las facturas falsas incluidas en el libramiento de 600.000 euros concedido al distrito Macarena antes de los comicios municipales de 2003.

El PP denunció ayer que en marzo de 2004 se produjo en la sede del distrito Macarena un robo de material informático que contenía información relativa a este libramiento. El concejal del PP Gregorio Serrano informó de que entonces era responsable del distrito el ex concejal socialista José Antonio García (que dimitió tras salir a la luz estas irregularidades), mientras que el secretario era Domingo Vera Goñi, actual director de área en la Gerencia de Urbanismo.

Por otra parte, la Fiscalía de Sevilla recibió ayer nueva documental relacionada con el caso de las facturas falsas que había sido solicitada por la fiscal jefe, María José Segarra, a determinadas empresas y organismos oficiales para tratar de esclarecer el asunto. Fuentes judiciales informaron de que esta información se consideraba "necesaria" para poder decidir en breve plazo el envío de las diligencias a un juzgado para que investigue o el archivo del caso.

La Fiscalía tiene dos líneas de investigación abiertas, una por la denuncia del PA y otra por la información aportada por el equipo de gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín. Ayer mismo compareció una funcionaria del distrito Macarena para declarar ante la fiscal Dolores Villalonga.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de abril de 2005