Las sanciones a comercios por no rotular en catalán se quintuplican

Las sanciones que el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo aplicó el año pasado a los comercios que incumplían la Ley de Política Lingüística se multiplicaron por cinco respecto a 2003. La Agencia Catalana del Consumo (ACC), organismo adscrito al departamento, abrió 156 expedientes sancionadores en 2004, de los que 28 se han resuelto con multas que alcanzan los 30.000 euros. El incremento de las sanciones se debe sobre todo a que se efectuaron más inspecciones: en total, 1.401, cuatro veces más que en 2003.

La Ley de Política Lingüística, aprobada en 1998, obliga a las tiendas a usar al menos el catalán en los carteles de información de carácter fijo, en impresos y en la documentación que se dirige a los clientes. De acuerdo con las moratorias previstas por la normativa, las empresas debían cumplirla desde 2000 y los trabajadores autónomos desde 2003. La actividad inspectora de la Generalitat en esos años, según los datos de Consumo, fue exigua. En 2000 y 2001 no se efectuó ninguna inspección; en 2002 se realizaron 131, y en 2003, 348.

"La primera vez que los inspectores de Consumo recibieron la orden de llevar a cabo revisiones integrales fue en enero de 2004, incluyendo los derechos lingüísticos de los consumidores", explicó el consejero Josep Huguet. El Gobierno catalán realizó 1.401 inspecciones a establecimientos el año pasado, el 85% de las cuales se efectuaron de oficio. La cuantía de lo recaudado por las multas impuestas ascendió a 52.800 euros, frente a los 2.833 euros de 2003.

Ciudadanos sensibilizados

La actividad inspectora siguió creciendo durante el primer trimestre de 2005. Hasta marzo se llevaron a cabo 330 revisiones y se abrieron 112 expedientes sancionadores, 29 de los cuales ya han sido resueltos. Huguet aseguró que al incremento de las sanciones contribuye el hecho de que los ciudadanos estén más sensibilizados con sus derechos. El 51% de los denunciantes, explicó, se dirigieron a la ACC por incumplimientos de la normativa de señalización, mientras el 44% se quejó de falta de folletos informativos en catalán. El 5% acudió a la agencia porque no fue atendido en catalán, pero ello no es sancionable.

El 27% de las denuncias afectan a tiendas de venta al detalle; el 23%, a correos; el 15%, a establecimientos de hostelería y turismo; el 9%, a supermercados y grandes superficies, y el 3%, a administraciones de lotería. El comercio acumuló el 29% de las multas; los servicios de asistencia técnica, el 25%; las inmobiliarias, el 10%, mientras el resto correspondió a otros establecimientos como gasolineras, tintorerías, servicios financieros y empresas de telecomunicación.

El director de la ACC, Enric Aloy, explicó que la Administración concede tres meses después de la inspección para cumplir la normativa. "Las grandes empresas hacen planes de normalización y evitan sanciones", explicó.