Los compromisos del Ararteko

Considero que pueden resultar de interés para los lectores las consideraciones que siguen, en relación con la carta de don Eduardo Inclán del día 2. La Ley del Ararteko atribuye a la institución la competencia genérica de defensa de los derechos de la persona y de los principios generales del orden democrático contenidos en el ordenamiento jurídico. Esta competencia genérica la ejerce el Ararteko mediante diferentes medios, uno de los cuales es el control de las actuaciones de las administraciones públicas vascas, a través de la figura de la "queja". Pero no es el único medio que la institución del Ararteko emplea para la defensa de los derechos de la ciudadanía vasca.

No tengo duda alguna -y así lo he manifestado en reiteradas ocasiones- de que el terrorismo y la violencia de persecución que practica ETA constituyen la más grave violación de derechos humanos que se produce en Euskadi, y procuro actuar en consecuencia exigiendo repetidamente a dicha organización su desaparición y testimoniando mi solidaridad con todas sus víctimas. Además de encabezar todos los escritos de esta institución con el lema "ETArik EZ, ETA NO", son numerosos los actos en los que el Ararteko ha explicitado su posición ante la organización terrorista y sus víctimas, y me propongo intensificar en el futuro ese compromiso permanente.

Asimismo, creo es mi deber trabajar por que los valores de la democracia. Desde esta óptica, y en aplicación estricta de la competencia genérica anteriormente referida, entiendo que no debo hacer oídos sordos a las voces de los ciudadanos y ciudadanas vascas que denuncian alguna conculcación de derechos para, al menos, averiguar qué grado de fundamentación tienen esas denuncias y qué mecanismos ha dispuesto el Estado de derecho para atenderlas. Esta es la razón que nos motiva a analizar el procedimiento que ha conducido a la exclusión de las candidaturas de la plataforma electoral Aukera Guztiak. No se trata de cuestionar ni la legalidad ni la legitimidad de las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional -lo cual sí rebasaría nuestro ámbito competencial- sino, en su caso, de demandar que se refuercen las garantías que protegen el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.

El objetivo principal que persigue mi trabajo diario en el campo de la defensa de los derechos de la persona es contribuir a que ETA desaparezca de nuestras vidas y a que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de buena fe de este país tengan la seguridad plena de que en el ejercicio de sus derechos tienen las máximas garantías de protección y de que, en consecuencia, vivimos en un país de una gran calidad democrática.