A favor del testamento vital

Terri Schiavo descansa por fin en paz. Durante las últimas semanas hemos asistido impávidos al circo montado sobre su vida y su muerte. Casi al mismo tiempo se nos ha servido otro espectáculo: el del desprestigio irresponsable de los servicios de urgencia de un hospital de la Comunidad de Madrid provocado por quien más debiera cuidar su imagen. Ambos asuntos convergían de alguna manera en un debate pendiente en torno a la muerte y constatan que las cuestiones relativas a la moral siguen ocupando un lugar importante entre los problemas sociales del siglo XXI.

Los dos sucesos, cada uno a su manera, han creado alarma, más individual que social, pues todos somos candidatos a ocupar puesto en la cola de los moribundos en plazo más o menos largo, y nos preocupa cómo nos tratará la sociedad en esa fase en que, sin poderlo evitar, nos encontremos dependientes del sistema.

Respecto a Terri Schiavo, la interferencia de los políticos ha sido repugnante y, por fortuna, inútil. La democracia norteamericana y su sistema judicial han demostrado poseer una solidez superior a los intereses de políticos oportunistas, dispuestos a legislar de urgencia al servicio de un caso particular. No menos deleznable es el uso que han hecho los medios de comunicación de la imagen de una mujer postrada, inconsciente, indefensa, expuesta a la mirada morbosa de millones de personas, sin respeto alguno a su dignidad. Seguro que pocos periodistas quieren para sí la difusión al público de su rostro y de su cuerpo en ese estado. Una norma ética elemental consiste en no hacer con los demás lo que no te gustaría que hicieran contigo. En estos casos debería imponerse un código deontológico, escrito o no, que obligara a respetar todos los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la intimidad.

Cercano, y para nosotros más preocupante, es el caso del hospital de Leganés. Soy una persona con un grado de confianza alto en la clase médica. Me parecen en general profesionales responsables, preparados y sensibles. No se merecen que una denuncia anónima ponga en entredicho su trabajo y en el disparadero sus cargos. El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha entrado en territorio delicado como elefante en cacharrería y ha cultivado el miedo entre los pacientes, actuales y futuros. No a la muerte que es inevitable, sino al dolor que creíamos vencido y que, sin tratamientos paliativos, suele acompañarla con desigual crueldad, o al alargamiento artificial de una vida sin esperanza de recuperación. A eso conducirán sin duda actuaciones tan intempestivas como la del señor Lamela, a que los facultativos en un exceso de celo mal entendido por cubrir sus responsabilidades puedan negarse a paliar el dolor de enfermos moribundos. Ya hemos oído algunas voces en esa dirección.

En algunas comunidades autónomas se ha legislado sobre la figura jurídica llamada testamento vital. En la Comunidad Valenciana recibe el nombre de documento de voluntades anticipadas. Se trata de un documento privado suscrito ante un notario, o ante tres testigos, en el que una persona, con absoluta libertad y en plenitud de sus facultades mentales, manifiesta sus instrucciones sobre las prácticas médicas a tener en cuenta en sus últimos días, cuando ya no pueda dictarlas, a fin de que la agonía sea lo menos dolorosa posible para él y los familiares que le acompañen. Puede autorizar la sedación paliativa o terminal, incluso con riesgo de acortarla, y su voluntad deberá ser respetada por los servicios sanitarios y las personas de su entorno. Tal como se están poniendo las cosas, y ante el furor religioso conservador que nos envuelve, proclive a lanzar infundadas acusaciones de homicidio, surge como una defensa legal por parte de aquellos que pretendemos que la muerte sea sólo el final menos traumático de una vida ya consumida.

El testamento vital será eficaz cuando se encuentre en funcionamiento el Registro Centralizado en el que queden inscritos dichos documentos, pues pudieran no estar a tu lado, en tan penoso trance, la persona o personas en las que hayas encomendado tu representación. La Generalitat Valenciana el pasado marzo anunció su puesta en marcha. Todavía debe hacer algo más: conectarlo informáticamente a la red de hospitales públicos y privados de la Comunidad, de forma que cuando un paciente ingrese en un hospital, de manera inmediata y con tan sólo teclear su número del DNI, los médicos del mismo supieran si ha hecho testamento vital y tuvieran acceso al documento. El Registro no debería quedar circunscrito a la Comunidad Valenciana sino concebirse a nivel nacional y europeo. La técnica lo permite y la tendencia es que los ciudadanos del siglo XXI seamos cada vez más viajeros. Es la única garantía de que se respete nuestra voluntad. El otro trabajo pendiente es efectuar la inversión suficiente para que la totalidad de los hospitales públicos, y legislar para que se obligue a los privados, dispongan de unidades especializadas para el tratamiento del dolor y de los enfermos terminales.

María García-Lliberós es escritora.