La condena firme por discriminación impedirá obtener contratos públicos

Premios y castigos sobre la igualdad. El documento con las líneas generales del anteproyecto de ley de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres dedica un apartado a las sanciones e infracciones por discriminación, pero también establece un premio para las empresas igualitarias: recibirán el título de "marca de excelencia", que les concederá prioridad para la obtención de contratos o ayudas públicas.

"No podrán contratar con la Administración quienes hubieran sido condenados mediante sentencia firme por delitos de discriminación por razón de sexo o de acoso sexual, ni quienes hubieran sido sancionados con carácter firme por infracción muy grave en materia social respecto a estas mismas cuestiones", señala el borrador del anteproyecto.

Las personas o entidades sancionadas o condenadas en firme por discriminación tampoco podrán recibir subvenciones ni beneficios fiscales o rebajas en la cotización a la Seguridad Social. Además, para recibir esas ayudas, las empresas deberán acreditar que toman medidas para superar la discriminación.

Se prevé que cuando la inspección de trabajo y la Seguridad Social comprueben infracciones en materia de igualdad, en lugar de levantar acta por ello se podrá requerir al empresario para corregir la situación. El incumplimiento de ese mandato agravará la responsabilidad y será un elemento a tener en cuenta al establecer la sanción.

Cuando se imponga una sanción por discriminación, el empresario podrá pedir que se suspenda la ejecución a cambio de comprometerse a poner en marcha un plan de igualdad en el que se consideren de forma específica los hechos que motivaron el castigo. La autoridad laboral decidirá sobre esa solicitud, valorará el plan propuesto y podrá dejar sin efecto la sanción.

La buena práctica en materia de igualdad tendrá premio, según el borrador del anteproyecto. El Ministerio de Trabajo creará la distinción "marca de excelencia". La concederá a las empresas igualitarias. Esta etiqueta dará preferencia a las compañías para lograr contratos públicos, obtener ayudas, subvenciones o bonificaciones de fomento del empleo.