Alperi minimiza que anticorrupción asuma el 'caso Mercalicante'

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, imputado en el supuesto desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante, restó ayer importancia a la decisión de la Fiscalía General del Estado de dejar la investigación en manos del titular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. "Es un poco incomprensible", dijo el primer edil. "Aunque el asunto [la investigación judicial en torno a Mercalicante] no me quita el sueño", añadió. Este comentario es idéntico al efectuado hace tres semanas al tener noticia de su imputación, en calidad de presidente del comité ejecutivo de la firma, y los otros cuatro miembros del órgano -entre ellos otros dos ediles del PP- tras admitir la Audiencia de Alicante una querella en ese sentido presentada por el grupo municipal socialista. La magistrada que instruye el caso, la titular del Juzgado número 1 de Alicante, ha citado a declarar a Alperi el próximo día 3 de mayo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, justifica la intervención de Anticorrupción en el caso básicamente en dos premisas: primero, por la elevada cuantía del agujero contable -inicialmente evaluado en unos seis millones de euros-; y en segundo término, por la calidad de algunos de los imputados, entre ellos altos cargos de la Administración, como es el caso del titular de la alcaldía de Alicante. Ninguno de estos extremos preocupa a Alperi: "No me preocupa en absoluto, si la Justicia en la que yo quiero creer es justa. Lo único que me preocupa es que Mercalicante funcione", reiteró.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSPV, Blas Bernal, declinó valorar la decisión de Conde Pumpido. "Hay que dejar que la Justicia actúe y es un procedimiento absolutamente normal", dijo.

Fiscal activo

Mientras, el letrado de la acusación popular exigió que, con independencia del ministerio público que se ocupe del caso, "el fiscal se implique y participe de manera activa en la investigación", precisó.

La investigación judicial sobre Mercalicante comenzó en septiembre de 2002 a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de Alicante del representante de una asociación de vecinos. El fiscal Jefe, José Antonio Romero, ordenó la detención del principal responsable del desfalco, el ex gerente José Emilio Clavero, por los supuestos delitos de apropiación indebida y falsedad. Ésta ha sido prácticamente la única iniciativa de la Fiscalía en el caso. Las primeras diligencias las desarrolló el fiscal Larentino González. Más tarde, el fiscal-jefe tomó en persona el caso. La decisión más relevante de Romero en la investigación ha sido informar desfavorablemente a la imputación de Díaz Alperi y resto de miembros del comité ejecutivo. Para Romero, el único responsable penal de supuesto desfalco en la empresa pública es Clavero.