La secretaria de educación del PSOE pide que no haya alternativa a la Religión

"Proponemos al Gobierno desde el PSOE que la religión no tenga ninguna asignatura alternativa porque entendemos que el derecho a estudiar religión está garantizado en el anteproyecto de ley presentado y ahora hay que garantizar también otro: el de los alumnos que no escogen esa opción". Éstas fueron las declaraciones de la responsable de educación en la Ejecutiva socialista al término de la reunión que mantuvo con los responsables regionales de Educación del PSOE para analizar el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Eva Almunia también insistió en que los centros deben "atender a todos los alumnos", en referencia a la organización del tiempo de los estudiantes que no escojan religión.

Una opción -apuntada por algunas organizaciones educativas en los últimos meses a propósito del debate de la LOE- es que los colegios e institutos puedan situar la clase de Religión al final del horario escolar para facilitar que los estudiantes que no la escojan tengan la opción terminar antes la jornada. Sobre esta posibilidad, la secretaria de educación socialista y consejera de Educación del Gobierno de Aragón manifestó que "no se puede pretender influir en cómo organizar el horario escolar en beneficio de todos los alumnos porque los centros los saben perfectamente".

Almunia recordó que "hubo unos años al principio de la democracia en los que no había ninguna asignatura alternativa a la Religión".

Durante el franquismo, el estudio de la religión católica era obligatorio, pero entre 1977 y 1980 no había una regulación específica sobre esta cuestión. En 1980 se aprobó la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) -cuando Otero Novas ocupaba la cartera de Educación- en la que se establecía la alternativa de Ética, que se impartió de forma obligatoria básicamente en secundaria, es decir, era la opción a la Religión Católica en BUP y COU.

En la actualidad, el debate de la alternativa se centra sobre todo en secundaria (ESO, bachillerato y FP), porque son etapas en las que suelen ser los alumnos, y no los padres, los que escogen si quieren o no estudiar esta materia. "Cuando un padre o una madre va a un centro a inscribir a su hijo en primaria se le pide que ponga una equis en el formulario si quieren que estudie religión, pero no debe rellenar otra cosa si no quiere que la estudie", explica la responsable de Educación de los socialistas.

El anteproyecto de la LOE no hace referencia alguna a la alternativa a la religión. Se trata de la misma opción que ya escogieron los socialistas en 1990 al hacer la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que ahora se deroga. Sin embargo, la Ley de Calidad, promovida por los populares en la pasada legislatura, sí señalaba una alternativa obligatoria denominada Hecho Religioso.

Al ser paralizada la aplicación de esta ley por el Gobierno, en mayo pasado, actualmente los alumnos cursan el modelo establecido por un real decreto que desarrolló la LOGSE: hay alternativas diversas para los alumnos que ni son evaluables ni, por tanto, cuentan para la nota media. La asignatura confesional de Religión, que sí cuenta para la nota media, se estudia de 1º de primaria (con 6 años) a 1º de bachillerato (con 17 años), es evaluable y cuenta para la nota media (excepto en 1º de bachillerato). Además, desde el curso pasado (es decir desde que se empezó a aplicar la Ley de Calidad) cuenta para repetir curso en la ESO (se repite con más de dos suspensos).

El anteproyecto de la LOE regula esta cuestión en la disposición adicional segunda, en la que dice exclusivamente que la enseñanza de la religión católica y de otras religiones se ajustarán a los acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas y que los profesores que enseñen religión en colegios públicos tendrán lo harán en régimen de contratación laboral.

La responsable de educación del PSOE también destacó ayer que el anteproyecto de la LOE "garantiza los mismos contenidos comunes en todas las comunidades autónomas" que garantizaban tanto la Ley de Calidad como la LOGSE socialista (es decir, el 65% en las comunidades con una lengua oficial y el 55%, en las de dos). Almunia criticó las declaraciones de dirigentes del PP que ponían en duda que el texto garantizara esos contenidos y manifestó que los populares "parecen más preocupados por sembrar confusión que por trabajar por el interés general de la comunidad educativa".