La política de la sospecha

Las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Sevilla son el enganche que está sirviendo al PP para elaborar un discurso que intenta equiparar la situación actual con la que se vivió a principios de los noventa. "Hay corrupción generalizada" en Andalucía. Ésta es la consigna que proclaman los dirigentes del PP allá donde van desde hace diez días y que se ha visto respaldada por su presidente, Mariano Rajoy, quien ha reclamado que intervenga la Fiscalía Anticorrupción ante lo que llamó un "caso evidente de corrupción".

Esta estrategia de proclamar que allí donde gobierna el PSOE hay corrupción es fruto de un debate en la dirección del PP andaluz sobre la oposición que hay que hacer al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y que tiene en el horizonte más cercano las elecciones municipales de 2007.

Los socialistas recuerdan al PP los casos de la Zona Franca de Cádiz y del Ayuntamiento de Málaga

Los populares están convencidos de que ésta es la mejor forma de deteriorar al PSOE. La primera pista de esta línea de oposición la dio Arenas cuando se produjo la crisis política en Cataluña sobre el presunto cobro de comisiones. Aquellos días, el líder del PP andaluz repetía a todas horas que lo ocurrido en Cataluña era una menudencia en comparación con lo que pasa en Andalucía.

El juego se lo ha dado hecho al PP el Partido Andalucista, antiguo socio del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. Tras las elecciones de 2003, los socialistas eligieron a IU como compañero en el poder y el PA inauguró su agresiva política de oposición. "Políticos metidos a detectives", según los han definido varios miembros del gobierno. Los andalucistas centraron sus investigaciones en el distrito Macarena, gestionado desde 1999 por el PSOE, y hallaron dos facturas pagadas por el derribo de una pequeña construcción que nunca se produjo.

El PSOE, acostumbrado a las acusaciones de la oposición, desmintió con contundencia los hechos, para, una semana después, tener que reconocer que esta vez sí era verdad. Las facturas falsas obligaron a dimitir al concejal de Consumo y ex edil del distrito Macarena, José Antonio García y a su director de área, José Marín, ambos veteranos dirigentes socialistas. Pocas dimisiones para la oposición, que tira por elevación y pide la cabeza del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, quien sostiene que todo lo ocurrido se ha hecho a sus espaldas.

El alcalde llevó el caso a la Fiscalía y encargó una auditoria a la Intervención municipal, cuyos primeros resultados desvelaron la existencia de un entramado de empresas vinculadas al ex militante socialista José Pardo, que estuvo implicado en el caso Juan Guerra. Estas sociedades coparon la mayoría de las obras menores (de hasta 30.000 euros) del distrito Macarena. Las obras se adjudican mediante un procedimiento que consiste en invitar a tres sociedades y elegir la oferta más barata.

Esta semana, a la red se han sumado otras cuatro empresas vinculadas a Pardo o a su abogado, José Luis Ortiz, que es el representante de dos de ellas. Entre las siete, facturaron 1,6 millones de euros de los 2,39 que se invirtieron en obras en 2003 en este distrito. El gobierno municipal quiere marcar distancias con Pardo y sostiene que ha sido víctima de un engaño. En el PSOE hay temor de que una vez culmine la auditoría interna salgan a la luz nuevas facturas. De hecho, ya ha reconocido que hay "serias dudas" sobre otras 20 que suman 50.000 euros.

Las últimas claves del entramado las han ido aportando entre el propio gobierno, el PA y el PP, que se ha subido al tren de la oposición detective con menos aciertos que sus compañeros de oposición, pero con un mensaje contundente que vincula al PSOE con la corrupción.

Ante el discurso del PP, Chaves ha reclamado a sus compañeros que no entren en el juego "de la crispación política". "Estamos asistiendo a las mismas declaraciones, viendo y oyendo los mismos eslóganes de los primeros años de la década de los 90, sin darse cuenta de que ya, ni el tiempo es el mismo, ni las circunstancias de entonces son las mismas circunstancias que concurren en España y que concurren en Andalucía", dijo Chaves en un comité director.

No obstante, algunos dirigentes del PSOE sí han recordado al PP alguno de los casos que afectan a los populares y que estos no incluyen en el saco de la corrupción.

El más destacado de todos es el de la Zona Franca de Cádiz, cuya gestión bajo los gobiernos del PP ha sido puesta en entredicho por el Tribunal de Cuentas, informa F. Pérez Monguió. Sobre la etapa de los dos ex delegados del PP en este recinto fiscal (Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ambos avalados por la alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Teófila Martínez) recae, según el organismo fiscalizador, la responsabilidad por acción u omisión de posible delitos contables, inversiones fantasmas, gastos injustificados, facturas infladas, supuestos casos de enchufismo, posible malversación de fondos públicos y apropiación indebida. Todas estas presuntas irregularidades han sumido al recinto fiscal en una delicada situación financiera, al borde de la quiebra, con casi 70 millones de deuda. El pleno de la Zona Franca acordará el lunes querellarse contra los dos gestores del PP.

Además, los socialistas han demandado a Arenas que utilice la misma vara de medir en dos casos ocurridos en el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP. El pleno municipal aprobó el pasado jueves un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá pagar una factura de 232.243 euros a un arquitecto que realizó el proyecto de urbanización de los dos muelles del puerto que se van a ceder a la ciudad. El encargo se hizo de manera verbal en octubre de 2003, algo prohibido por ley, y, como ha reconocido el secretario municipal, de forma "anómala" porque se ha ignorado el procedimiento correspondiente. No ha habido ningún tipo de expediente hasta que el arquitecto presentó la factura. El interventor municipal levantó una nota de reparo al pago porque "se han omitido requisitos esenciales". PSOE e IU han anunciado que pondrá una denuncia en los tribunales.

Además, IU ha denunciado 53 facturas a las que el interventor municipal formuló nota de reparo al haber detectado irregularidades. El PP insiste en que se trata de anomalías meramente de procedimiento y que están en subsanación, mientras que el PSOE ha instado a Arenas a llevar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción. "En Málaga se corrigen faltas de ortografía en las facturas, en Sevilla, se roba", dijo el PP para justificar la diferencia de criterio.