¿Corrupción institucional?: no, gracias

Estas últimas semanas se está transmitiendo la idea de que Andalucía vive y se desarrolla en un ambiente de corrupción generalizada. Algunos sectores intentan anudar corrupción con el hecho de permanecer en el poder. Un mensaje que están intentando que cale en una sociedad que sigue preocupada por estos temas, una serena preocupación que es positiva.

Casos como el de Filesa (PSOE), Naseiro (PP), Casinos (CDC) o Tragaperras (PNV) podrían haber dado lugar a que la sociedad se sintiera cansada y terminara mostrando su desencanto e indiferencia hacia todo lo que estuviera próximo al poder político, por no señalar en este momento al Poder Judicial, donde Estevill y Rodríguez Hermida enseñaron vergüenzas, donde la virginidad y la honestidad eran presupuesto de fe. Sin embargo, no ha sido ni es así.

Los casos de las facturas que ha pagado el Ayuntamiento de Sevilla, el de la Zona Franca de Cádiz o la condena de ocho años de inhabilitación al ex alcalde de Marbella y a seis ex ediles del GIL por delito urbanístico han vuelto a poner la sensibilidad de la sociedad a flor de piel. La sociedad no está desencantada con el sistema. Al contrario, apuesta por su limpieza y por su transparencia. Un estado anímico que, a veces, puede ser utilizado para tratar de identificar partidos con corrupción, mediante la creación de opinión y juicios paralelos dirigidos contra un sentir político. Es un momento que exige, como nunca, mayor claridad y transparencia, de suerte que estos utilizadores sin escrúpulos, sean unos o sean otros, se coloquen en el lugar al que su estupidez, su inmoralidad, su ambición y su falta de escrúpulos les ha llevado.

No es posible -y no quiero creer que lo sea- que después del debate del Estado de la Nación sobre la corrupción (1994), que determinó la creación de la Fiscalía Anticorrupción (1995, Gobierno PSOE), o de la incorporación del delito de tráfico de influencias al Código Penal (Gobierno del PSOE), pueda seguir identificándose la actuación de una persona o de un grupo en la comisión de actuaciones ilícitas en su propio beneficio con la actuación de persona o grupos en beneficio de un partido político. En el primer caso no hay corrupción institucional. Hay delincuencia de corte tradicional. Es el caso -por los datos que se están dando- de las facturas del Ayuntamiento de Sevilla, en el que ni por la cuantía ni por la forma en que se han producido estos hechos puede hablarse de corrupción institucional. Una realidad que hace inviable, conforme a la Ley 10/1995, que actúe la Fiscalía Anticorrupción, por mucho que se grite en este sentido. Razones de insignificancia económica y naturaleza de los hechos (art.18 ter., Instr. 1/71996, etc) lo impiden. En cambio, en casos como el de Marbella, donde se mezclan instituciones, particulares y se crean partidos políticos, muchos de cuyos integrantes se unen al mejor postor, sí que puede hablarse de corrupción generalizada que bien merece la actuación de la Fiscalía Anticorrupción. El tipo de delitos y cantidades económicas que mueven entran en su competencia.

Son, pues, cuestiones bien diferentes y precisamente porque son diferentes requieren un actuar distinto y desde todos los ámbitos. Unos políticos. Otros judiciales. Políticos, actuando con contundencia contra aquéllos que, por pertenecer al grupo o por haber ocupado cargos de responsabilidad y por sus relaciones, intentan o utilizan estos resortes explotando las debilidades de los sistemas de control administrativo. Judiciales, porque es imprescindible un mayor compromiso con lo público por parte del CGPJ que, conocedor de alguna de estas situaciones, pase de estar más preocupado por el mercadeo de cargos judiciales que de proveer con refuerzos zonas en las que las irregularidades urbanísticas y los delitos forman parte de su paisaje.

De ahí que siga pensando que en el caso del Ayuntamiento de Sevilla que es extrapolable a otros, aún cuando sean de mucha mayor cuantía, no pueda existir corrupción institucionalizada, ni siquiera tangencialmente. No tiene encaje dentro de los conceptos legales y no lo tiene porque el grupo político no se ha beneficiado como tal; porque conocidos los hechos, los ha denunciado ante la Fiscalía y porque ha cesado a quienes pudieran tener alguna responsabilidad.

En cualquier caso, lo que sí asoma en este panorama es la existencia de una estrategia que, saltándose cualquier tipo de escrúpulos, quiere hacer llegar a la conciencia de los ciudadanos una situación generalizada de corrupción cuando, realmente, se vive en un país que está más sano de lo que se quiere hacer creer. Una situación que, en parte, puede ser corregida si el Ministerio Fiscal, obligado por Ley a la persecución de los delitos, actuara de forma rápida ante cualquier manifestación que atribuyera un delito, lo que podría evitar una instrumentalización política que tanto daña el sistema democrático y el honor de las personas que con generosidad y honestidad sirven a lo público.

Eugenio Suárez Palomares es abogado y magistrado en excedencia.