Señales de alarma

No debería ocurrir, y cuando ocurre -porque ocurre y, lamentablemente, va a seguir ocurriendo- no se puede propiciar la impunidad ni el olvido, que cualquier persona con responsabilidad en la administración de los intereses públicos utilice su cargo o posición para favorecerse él o los suyos, y a los suyos le doy el sentido más amplio de la palabra, que abarca desde la familia más próxima hasta los correligionarios, pasando por amigos y amigos de los amigos. Y esto es aplicable a una amplísima escala de variantes que comienza con el simple favorcillo o recomendación y termina con la corrupción institucionalizada a gran escala, matizado todo ello con las múltiples denominaciones jurídicas que enmarcan desde la imprudencia hasta el puro y duro latrocinio.

Viene esta reflexión general motivada por lo que está ocurriendo, o se tiene la impresión de que está ocurriendo, en Andalucía, donde las denuncias cruzadas de corrupción nos están retrotrayendo mentalmente al final de los años 80 y principio de los 90, cuando los escándalos sobre casos de corrupción -recordemos Juan Guerra, Ollero, etcétera- erosionaron peligrosamente la confianza en el limpio funcionamiento de las instituciones.

De aquellos barros, aunque a muchos les puedan parecer remotos, vienen estos lodos, porque la ciudadanía contempla lo que está ocurriendo -por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla- a través de las mismas claves, sobre todo porque algunos personajes se repiten, que dejaron su poso de recelo y frustración hace ya más de diez años.

Se dice que de los escarmentados nacen los avisados, pero parece que en política esto no es válido porque, a la vista de lo que está pasando, de avisados nada de nada, y es que a la imprudencia, a la dejación o al consentimiento, se ha unido lo peor de todo en un caso de este tipo: la torpeza. La torpeza que ha inducido a la negación agresiva de lo evidente.

Decía al principio que cuando se produce un hecho de esta naturaleza, que afecta al funcionamiento y a la confianza en las instituciones, no puede haber ni impunidad ni olvido. Es decir, que hay que cortar por lo sano y quienes están al frente de esas instituciones tienen la obligación de hacer un ejercicio de responsabilidad y transparencia, aunque duela, porque si no es así se están protegiendo conductas reprobables individuales a costa de la credibilidad del sistema.

Hay ahora mismo en Andalucía varias señales de alarma encendidas y la respuesta no puede, o no debe ser, el ataque al mensajero o la puesta en marcha del ventilador para esparcir mugre en todas las direcciones, en un intento evidente, además de ineficaz por demasiado conocido, de desviar la atención hacia el contrario. El tú más que yo es un recurso cansino y lerdo por equivocado, porque lo que quiere el ciudadano que, en su inmensa mayoría no es un hincha partidario, ante cualquier escándalo de esta naturaleza, no es que se despejen balones hacia el área del adversario, sino que se pite la falta y, si hace falta, se saque la tarjeta roja.

El caso más claro de corrupción institucionalizada que se ha vivido en Andalucía durante los últimos años ha sido el del Ayuntamiento de Marbella, como está demostrando, a través de sucesivas condenas, la lenta pero al final eficaz, rueda de la Justicia, pero esto no hubiese ocurrido si cuando saltaron las primeras alarmas se hubiese actuado con prontitud, rigor y transparencia.

Cierto es que, en el habitual enfrentamiento partidario, hay cosas que se tratan con la peligrosa ligereza de quien busca el efecto inmediato o el titular agresivo, de forma que, en muchas ocasiones, la inconsistencia de algunas acusaciones deteriora la credibilidad de las denuncias, sobre todo cuando se somete al ciudadano a un fuego cruzado que llega hasta su propia capacidad para distinguir lo que es árbol y lo que es bosque. Pero también es cierto que en Andalucía, y en España, en un pasado reciente hemos visto que de denuncias que, al principio parecían con poco fuelle, se ha derivado el conocimiento de gravísimos casos de corrupción. Y en este aspecto, es de justicia reconocer la labor que han hecho y hacen los medios de comunicación que, con más aciertos que errores, han tenido un papel decisivo en la clarificación del panorama. Digo esto porque otra de las torpezas e injusticias más frecuentes es el ataque a quien protagoniza, investiga o se hace eco de las denuncias sobre corrupción.

Sería bueno que, con urgencia, se hiciese una reflexión serena sobre lo que está ocurriendo y que esa reflexión sirviera para adoptar una serie de medidas que evitasen la corrupción, la arbitrariedad y el amiguismo en la gestión de los intereses públicos y, también, que diesen paso a comportamientos ejemplarizantes para que, en caso de producirse lo no deseable, se atajase y castigase cualquier desviación. Las cortinas de humo no sirven para nada cuando lo que se impone es el reconocimiento de la verdad, la asunción de responsabilidades y, en su caso, el escarmiento.

Juan Ojeda Sanz es ex eurodiputado del PP y periodista.