Juego de alto riesgo
La mayoría conservadora del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y el Partido Popular han convergido sin disfraces -el mismo juego y las mismas cartas- en su propósito común de boicotear el nuevo sistema de designación de los altos cargos judiciales. La ley que aprobó en diciembre el Congreso, con la única oposición del PP, exige una mayoría reforzada de tres quintos (13 de los 20 vocales del Consejo) para nombrar a los altos cargos judiciales: magistrados del Supremo y presidentes de los tribunales superiores de justicia. Un requisito ya exigido, por lo demás, para designar a los magistrados del Constitucional.
La ley se sometió ayer a su primera prueba con cuatro nombramientos: las presidencias de tres salas del Supremo (Penal, Civil y Militar) y la del Tribunal Superior de Castilla y León. Tratar de coparlos era la vía más segura para bloquear el proceso. Y eso es lo que hizo el sector conservador del CGPJ. De paso abonaba la teoría de la inaplicabilidad de la ley tan querida por el PP, que justamente un día antes había presentado un recurso ante el Constitucional. El comportamiento de la mayoría de vocales afín al PP (11 sobre 20) constituye un deliberado boicoteo a una ley sancionada por el Parlamento.
El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, aunque de fundamento muy endeble, entra dentro de la dinámica de un partido de oposición. Pero el comportamiento de la mayoría de vocales del CGPJ nombrados en su día a propuesta de este partido se inscribe en las peores prácticas de filibusterismo, que parecían circunscritas hasta ahora al ámbito parlamentario. El bloqueo del Supremo le ha venido de perlas al PP, cuyo portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, lo ha utilizado políticamente de inmediato como muestra de la "parálisis absoluta" a que conduce el nuevo sistema de nombramientos judiciales. El juego es demasiado evidente.
Lo más llamativo de la actual situación es que la mayoría conservadora (11 vocales) y la minoría progresista (7) parecían haber acordado en anteriores encuentros una lista de candidatos elaborada según el mérito y la capacidad y lo suficientemente plural como para proceder a la elección definitiva. Pero el resultado del pleno de ayer muestra que los intereses ideológicos y partidarios han prevalecido de largo sobre los institucionales.
El sistema constitucional español, nacido de la voluntad de consenso, exige mayorías cualificadas para renovar diversos órganos institucionales, entre ellos el propio Poder Judicial. Por lo que se vio ayer, el PP y sus vocales afines han decidido llevar al borde del abismo su capacidad de bloqueo, en una actuación más propia de un partido antisistema que de quien gobernó este país hasta hace sólo un año.
