Castilla y León inicia la batalla legal para evitar la salida de los 'papeles de Salamanca'

La Junta de Castilla y León ha dado el primer paso jurídico para impedir que salgan documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, presentando ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno central de no declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el continente y el contenido del edificio del archivo.

En un comunicado hecho público ayer, la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León afirmaba que ha presentado hace 10 días un contencioso recurriendo la desestimación por silencio administrativo del Ministerio de Cultura y solicitando la adopción de medidas cautelares que garanticen "la inmovilización de todos los fondos documentales".

Esta batalla jurídica es consecuencia del acuerdo tomado por las Cortes regionales a últimos del pasado mes de diciembre de blindar jurídicamente el archivo para impedir la salida de documentos. Para ello, y con los votos a favor del PP y la UPL, se aprobó una modificación de la Ley de Archivos, que los socialistas calificaron de "inconstitucional", y que instaba al Gobierno central a declarar BIC el edificio y los documentos que se almacenan en el mismo. Transcurridos tres meses sin que el Ministerio de Cultura haya aceptado la propuesta de las Cortes, la consejería entiende que el silencio administrativo es una negativa y acude, por tanto, a la Audiencia Nacional.

En el mismo comunicado se señala que la falta de contestación de la ministra "encuentra en este recurso (...) la primera respuesta en vía judicial que el Gobierno regional provoca para garantizar la unidad e integridad del Archivo de Salamanca". La consejera de Cultura, Silvia Clemente, recordó que el objeto principal de este recurso es lograr "la inmovilización de todo lo que contiene el archivo" y se quejó de "la nula voluntad" del Gobierno español de permitir "la participación de la Junta de Castilla y León" en este asunto.

Esta iniciativa se une a otra del pasado 16 de marzo en la que se solicitaba a la Unesco que inscriba en el registro internacional de fondos y colecciones bibliográficas el archivo salmantino.