"Criminalizar a los abogados no tiene ningún sentido"

Ibor Vicente Asensi, abogado y concejal del PP en Paiporta (Valencia), es el abogado de todos los miembros detenidos en abril de 1997 en Valencia por su pertenencia al GIA, entre ellos Allekema Lamari -uno de los jefes del comando que atentó el 11 de marzo de 2004 en Madrid y que se suicidó en Leganés junto a otros seis terroristas- y Abdelkrim Bensmail.

Desde 1999, Vicente Asensi ha visitado en más de una decena de ocasiones a sus clientes en las cárceles, donde ha conversado con ellos. Nunca se grabaron esas conversaciones porque lo prohíbe la ley, aunque el resto de comunicaciones de los presos terroristas están intervenidas.

Los islamistas defendidos por el concejal del PP se quejaron en ocasiones a los familiares que iban a verlos a la cárcel de la minuta del abogado para defenderles y tratar de que quedaran en libertad. Según esas quejas, el abogado empezó pidiendo 3.000 euros, luego 6.000 y finalmente hasta 20.000 euros.

Además, el abogado se reunió, el mismo día del atentado en Madrid, con dos islamistas hermanos de un preso por delitos relacionados con el terrorismo, según informó ayer la cadena SER. Se trata de Mohamed Chedadi y Abdel Chedadi, hermanos de Said Chedadi, en prisión por su presunta relación con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Uno de ellos, Mohamed, fue detenido seis días después de esa reunión con el abogado y el otro hermano, Abdel, fue arrestado en el mes de abril, ambos en relación con el atentado del 11-M. Los dos están actualmente en libertad con cargos y con obligaciones para evitar su fuga. Están imputados por colaboración con banda armada islamista y se les ha retirado el pasaporte; tienen que presentarse cada 15 días en el juzgado.

Asensi declaró ayer a EL PAÍS en referencia a sus contactos con islamistas: "La relación con los clientes está sujeta a secreto profesional, que es una obligación del abogado para garantizar el derecho a la defensa de su representado. Ese secreto profesional, la garantía del derecho a defensa, es un pilar básico del Estado de derecho. Poner en cuestión eso es una barbaridad. Criminalizar a los abogados no tiene ningún sentido en un Estado de derecho. No puedo desvelar ninguna información de ninguno de mis clientes, porque la ley es así para todos en un Estado de derecho en el que hasta que no haya una sentencia todo ciudadano tiene presunción de inocencia. Es fundamental respetarlo". Asensi negó haber mantenido contacto con cualquier persona que se identificara como colaborador o miembro del Centro Nacional de Inteligencia. Y remacho: "No tengo nada que ocultar".