Los escollos de la reforma laboral

El Gobierno, la patronal y los sindicatos disponen de tres meses para resolver uno de los principales retos económicos del país, mejorar el mercado de trabajo. Tras el periodo vacacional, las tres partes arrancarán una discusión que debe concluir con una reforma consensuada en julio. El proceso no parece fácil. Una de las propuestas del Gobierno para reducir la temporalidad, principal objetivo de la reforma, consiste en extender el despido con indemnización de 33 días por año trabajado, ahora reservado a algunos colectivos, a todos los nuevos contratos. La medida ha suscitado el rechazo sindical y el silencio de la patronal.

La temporalidad en España afecta a casi un tercio de los trabajadores (31%) y duplica la media europea. La fórmula para reducirla consiste en crear empleo de calidad que redunde en un cambio de modelo productivo. Patronal y sindicatos comparten el diagnóstico, aunque difieren en sus soluciones.

Las centrales prefieren que se actúe sobre la temporalidad y la subcontratación

Las partes arrancaron el diálogo el pasado 14 de marzo. Pese a la multiplicidad de propuestas que surgieron como guía para la negociación, una de ellas ha eclipsado al resto: la idea del Gobierno de extender a los nuevos contratos que se firmen la indemnización por despido de 33 días por año, frente a los 45 ordinarios. Esa modalidad de contrato, surgida de la reforma laboral de 1997, se reserva ahora a determinados colectivos (principalmente jóvenes y mujeres en sectores donde están subrepresentadas).

La posibilidad de abaratar el despido ha provocado el rechazo de los sindicatos. "Volver a discutir de contratación y despido es totalmente reduccionista y no va a resolver el problema de la temporalidad", subraya Lola Liceras, responsable de Empleo de CC OO y parte de la negociación. El responsable de acción sindical de UGT, Antonio Ferrer, que también participa en la mesa, coincide con esta apreciación: "Está demostrado que lo que va a funcionar no es modificar el coste del despido, sino actuar sobre la temporalidad y la subcontratación". Como muestra de que resulta innecesario generalizar aun más el contrato de 33 días, Ferrer aporta un dato: un 75% de los despidos realizados en 2003 se hicieron con la indemnización de 33 días.

La patronal, por su parte, guarda silencio. CEOE ha rehusado ofrecer su visión sobre esta negociación con el argumento de que está estudiando el documento elaborado por el Gobierno con las diferentes propuestas.

Las organizaciones sindicales coinciden en que, tras cinco reformas laborales, los asuntos pendientes en el mercado laboral son rebajar la temporalidad, reforzar la calidad del empleo y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. La presencia de la secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, en esta mesa del mercado laboral es indicativa del empeño por mejorar la situación de la mujer en el mercado de trabajo. Es este segmento de la población el que soporta la mayor tasa de paro (14,39%, el doble de la masculina) y la menor tasa de actividad (45,09%, frente al 67,72% de los hombres).

Uno de los asuntos en los que UGT ha puesto mayor énfasis ante la reforma es la regulación de las subcontratas. La generalización de este modo de contratación ( muy ligado a la precariedad del empleo) en sectores como la construcción ha establecido un modelo que diluye las responsabilidades e institucionaliza un modelo basado en el coste.

Precisamente en la construcción y en las administraciones públicas encuentra Lola Liceras sus principales armas para desinflar el argumento de que la temporalidad está exclusivamente ligada a la estacionalidad del empleo español. Más del 60% del empleo creado desde 1997, según Liceras, se ubica en esos dos sectores. "En ninguno de los dos la causa es que el despido es muy caro", señala.

En el debate sobre la temporalidad subyace otro más profundo: el modelo productivo que debe imperar en el país. Una vez perdida la batalla por competir en costes laborales (los gigantes asiáticos y la Europa del Este ofrecen costes imposibles de igualar), el proceso productivo debe centrarse en fomentar la innovación y la calidad. Como apunta Antonio Ferrer, este objetivo no sólo se persigue mediantes reformas laborales, "también la reforma fiscal puede hacer mucho aquí".

Para Liceras, se trata de decidir entre un modelo de competencia basado en los bajos costes y otro que apoye la actividad innovadora de las empresas y la formación como pilares del éxito. "El país se juega mucho ahora", enfatiza.

A falta de que la CEOE se pronuncie, su presidente, José María Cuevas, esbozó a finales del año pasado su receta para recuperar competitividad exterior, uno de los puntos débiles de la economía española. Cuevas se mostró partidario de "más flexibilidad en las relaciones laborales", además de rebajas en las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, reivindicaciones clásicas del empresariado.

Más allá de las discrepancias, los sindicatos se muestran esperanzados en que esta negociación culmine con un buen acuerdo. Tanto Liceras como Ferrer valoran que el Gobierno se haya mostrado contrario a la fórmula del decretazo y haya optado por dialogar.