Continuidad fraudulenta

El Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad anular la agrupación de electores Aukera Guztiak (literalmente, Todas las Opciones) por considerar que se trata de una candidatura que de hecho viene a "continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal", según la formulación incluida en la Ley Electoral en aplicación de las previsiones de la Ley de Partidos. Lo que se juzgaba no es, por tanto, la relación de Aukera Guztiak con ETA, sino la de esa agrupación electoral con Batasuna, ilegalizada por su vinculación con ETA. El Supremo concluye que Aukera Guztiak ha nacido por impulso de Batasuna y con el fin de esquivar los efectos de su ilegalización.

Que esa agrupación nació a causa de la prohibición de Batasuna lo reconocen sus propios promotores, pero ello no implica forzosamente que sea una iniciativa del partido de Otegi. Podría no serlo, en teoría. Pero tanto, la fiscalia, como la Abogacía del Estado, han presentado indicios que en conjunto demostrarían que sí lo es. El principal es la conversación, grabada con autorización judicial, entre una dirigente de Batasuna y un preso de ETA en la cárcel de Huelva, en octubre pasado, en la que la primera describe la estratagema prevista para burlar la prohibición. Aukera Guztiak encaja milimétricamente en el diseño previsto: presentar una lista con dirigentes conocidos para que sea prohibida, y en el último momento, otra sin nombres comprometedores. La idea era hacer ver que si Batasuna ya había sido prohibida no podría prohibirse a la vez otra lista acusada de ser Batasuna.

La conversación grabada anula por sí misma el argumento. Pero además, el Supremo ha tenido ocasión de valorar otros indicios, que si bien aisladamente podrían no ser suficientes, en su conjunto refuerzan la evidencia de que ni siquiera se trata, como pudo haber ocurrido, de una iniciativa espontánea utilizada a posteriori interesadamente por el entramado de Batasuna, sino de una iniciativa de Batasuna siguiendo un plan destinado a defraudar la ley. Entre tales indicios complementarios es especialmente revelador el tono de la conversación grabada entre el dirigente de ese entramado Rafael Díez Usabiaga y uno de los promotores de la agrupación electoral, y la reunión de dirigentes de Batasuna con quienes se disponían a presentar, el mismo día, en otro lugar, la candidatura. A la luz de ese conjunto de indicios, adquiere significación el dato de que más de 6.000 de los 32.000 avalistas (el 19%) de la agrupación electoral tengan relación constatada con el complejo Batasuna.

La resolución del Supremo será probablemente recurrida en amparo ante el Constitucional, como ya hicieron sus promotores con la lista para las europeas de 2004. En la sentencia que desestimó ese recurso se incluía una reflexión sobre la fuerte "densidad significativa" que tendría una "declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena" de ETA; pero también se concede la misma importancia a la negativa a hacerlo cuando lo que está en cuestión es precisamente la "sospecha fundada de connivencia con el terror". Los portavoces de Aukera Guztiak han evitado una declaración clara al respecto, incluso en las alegaciones presentadas ante el Supremo, en las que hablan, en términos similares a los que suelen emplear los dirigentes de Batasuna, de su "rechazo de cualquier conculcación de los derechos humanos". Categoría abierta a diferentes interpretaciones, pero no equiparable a la simple y llana condena de ETA, y que de hecho ha sido interpretada durante años por el brazo político como compatible con los atentados del brazo militar.

Esa negativa a distanciarse inequívocamente de ETA resulta muy reveladora cuando acaban de ser detenidos, a ambos lados de la frontera, varios activistas dispuestos para actuar, es decir, para intentar condicionar con sus atentados la campaña electoral vasca a punto de iniciarse. La prohibición de candidaturas es una limitación al pluralismo, pero mucho más lo sería la presencia electoral de un partido que considera al asesinato de los candidatos de los demás partidos un efecto inevitable del "conflicto", o la presencia de una agrupación que pretenda dar continuidad fraudulentamente a ese partido en el terreno electoral.