CiU advierte de que no negociará el sistema de financiación sin una propuesta del tripartito

Convergència i Unió (CiU) ha puesto en un brete al tripartito: o el Gobierno catalán hace pública su propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica o CiU no se sentará a negociar este asunto. El ultimátum llegó ayer una vez que el conseller primer, Josep Bargalló, rectificara lo dicho la pasada semana y anunciara que el tripartito sólo dará a conocer su propuesta financiera si fracasan las negociaciones con la federación nacionalista para pactar un modelo conjunto. El tripartito no quiere que CiU marque el ritmo de las negociaciones y menos cuando comparte en líneas generales los criterios de los planteamientos nacionalistas. Las conversaciones, de momento, están encalladas.

Para la primera semana de abril está prevista una reunión entre el consejero de Economía, Antoni Castells, y el responsable del área económica de Convergència, Antoni Fernández Teixidó. Si Castells pretende hablar de financiación autonómica se encontrará con la negativa de los nacionalistas. Los dirigentes de CiU no se sentarán en la mesa de negociaciones si antes el tripartito no presenta su propuesta de mejora de la financiación catalana. Además, pretenden que este asunto se discuta en la ponencia parlamentaria sobre el Estatuto y no en conversaciones bilaterales con el Gobierno.

En este segundo punto, los nacionalistas no son taxativos y podrían ceder finalmente a las pretensiones del Ejecutivo catalán. Pero en ningún caso van a claudicar, señalaron ayer fuentes de CiU, en conocer de antemano los criterios básicos de los tres partidos de izquierda sobre la financiación. Ayer, el jefe de la oposición, Artur Mas, y el propio Fernández Teixidó exhortaron al Gobierno catalán en este sentido. "Si la Generalitat quiere discutir en torno a nuestro documento, nosotros emplazamos a que haya suyo nuestro plan, algo que para CiU es magnífico, y por ello les emplazamos a que se haga sobre nuestra propuesta", señaló Fernández Teixidó.

La propuesta de CiU se basa en cuatro principios: Agencia Tributaria propia; amplia capacidad normativa; recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña y cesión al Gobierno central de una cuota por los servicios que presta en Cataluña y en concepto de solidaridad interterritorial.

El tripartito está de acuerdo en estos criterios, pero ve en el ultimátum de Convergència i Unió una especie de trampa ya que entiende que sea cual sea su propuesta, ésta será descalificada por los nacionalistas, sobre todo después de que la federación haya endurecido su oposición contra el Ejecutivo y especialmente contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, tras la crisis del 3%.

Por este motivo, el conseller primer, Josep Bargalló, dejó en el aire ayer la posibilidad de que el Gobierno tripartito no presente una propuesta de modelo de financiación como sí han hecho CiU y el Partido Popular. Bargalló anunció que el Ejecutivo "prefiere pactar una propuesta con CiU" y que no presentará una propuesta firme y en solitario mientras "no se compruebe que no es posible un acuerdo con ellos".

Estas palabras del conseller primer quedan muy alejadas de las pronunciadas por él mismo en el Parlament hace sólo una semana, cuando aseguró que el Gobierno se disponía a hacer pública su propuesta de financiación autonómica "en breve". También el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, repitió que la propuesta del Ejecutivo iba a ser presentada "en las próximas semanas".

Otras fuentes del Gobierno explicaron ayer que haya o no propuesta del tripartito en negro sobre blanco, esto no impedirá el avance de las negociaciones con CiU, pues las inquietudes del Ejecutivo en este aspecto quedarán sobradamente explicadas durante las negociaciones que piensan mantener con los nacionalistas tras las vacaciones de Semana Santa.

Y es que el tripartito quiere un acuerdo en Cataluña. Considera que lo necesita para poder ir a negociar con el Gobierno central con más fuerza y mayor legitimidad. De hecho, el mismo presidente de la Generalitat se mostró favorable la semana pasada a incluir en este gran acuerdo al Partido Popular, que el pasado mes de febrero reconoció la existencia del déficit fiscal de Cataluña y abogó por reducirlo por la vía de incrementar las inversiones del Estado en materia de infraestructuras.