Yúshenko afronta sus primeros desafíos

El futuro del ex presidente Leonid Kuchma y el de las empresas privatizadas durante su mandato son dos de los primeros desafíos que la lógica de la Revolución naranja ha puesto hoy ante el presidente Víktor Yúshenko y la primera ministra Yulia Timoshenko. El tándem, llegado al poder con la promesa de luchar contra la corrupción, muestra voluntad de cambio, pero no se ha adentrado aún en una política de reformas estructurales. La población confía en ellos y, curiosamente, la popularidad de Timoshenko crece más rápido que la de Yúshenko. En febrero, un 48% de los ciudadanos apoyaban al presidente (frente a un 20% hace un año) y un 42% respaldaban a la primera ministra (frente a un 9% en marzo de 2004).

La venta de empresas públicas hecha por el anterior Gobierno está sometida a revisión

¿Será juzgado el ex presidente Kuchma por su presunta implicación en un asesinato?

¿Será juzgado el anterior jefe del Estado por corrupción y por sus supuestas implicaciones en el asesinato y decapitación del periodista Grigori Gongadze en 2000? Un sondeo del centro Razumkov indica que más del 64% de los ucranios tienen una actitud negativa ante Kuchma y un 35,5% consideran que debe comparecer ante el juez, mientras un 44,9% no es partidario de pedirle responsabilidades.

Las élites están divididas. El sociólogo Dmytro Vydrin, próximo a Timoshenko, cree que hay que juzgar al ex presidente, pero medios cercanos a Yúshenko, que prefieren el anonimato, aconsejan pasar página, a menos de que hubiera pruebas concluyentes. Algunos dirigentes, señalan, tienen deseos de revancha por las humillaciones. En tiempos de Kuchma, Timoshenko fue enviada a la cárcel.

Con la llegada al poder de Yúshenko se ha reabierto el caso Gongadze, y dos personas, hoy detenidas, han sido acusadas de implicación en el crimen. Sin embargo, han desaparecido figuras que podrían ser clave. A principios de marzo, antes de prestar declaración ante la fiscalía, el ex ministro del Interior Yuri Kravchenko se suicidó de una extraña manera, disparándose un tiro en la mandíbula, que le destrozó la cara, y rematándose con otro en la sien.

Por su parte, el ex jefe del departamento de espionaje del Ministerio del Interior, Alekséi Pukach, se ha dado a la fuga. Kravchenko es el segundo ministro de Kuchma que se suicida en pocos meses. A fines de diciembre lo hizo Guiorgi Kirpa, el titular de Transportes, quien en vísperas de su muerte había pedido visado para él y toda su familia a un país de la UE.

Desde EE UU, Nikolái Melnichenko, un antiguo oficial del servicio de seguridad de Kuchma, amenaza con unas acusadoras grabaciones, realizadas en el despacho presidencial. El magnate ruso Borís Berezovski, que protege a Melnichenko, ha dicho que las cintas han sido descifradas con su ayuda financiera. El oligarca, que fue obligado a exiliarse de Rusia por el presidente Vladímir Putin, ha anunciado que viajará a Kiev para establecer allí una base de actividad económica y política.

Las cintas de Melnichenko (varios centenares de horas) no se limitan al caso Gongadze, sino que contienen también información sobre otros asuntos y personas. Medios ucranios y de la UE en Kiev, que prefieren no ser identificados, sospechan que los servicios secretos norteamericanos podrían haber utilizado información grabada por Melnichenko para presionar a Kuchma. Berezovski dijo haber oído varias grabaciones "relacionadas con el presidente Putin".

El interés por las grabaciones tiene que ver también con los comicios de 2006, ante los cuales toman posiciones ya los líderes de la Revolución naranja. Las eventuales implicaciones en los asuntos de Kuchma de unos políticos, como el jefe del Parlamento, Vladímir Litvin, que fue jefe de la Administración presidencial, podría beneficiar a otras figuras, como el líder de los socialistas, Olexandr Moroz, señalan analistas en Kiev.

La revisión de las privatizaciones de las empresas del Estado, el otro tema impuesto por la lógica revolucionaria, tiene su caso ejemplar en los altos hornos de Krivorozhstal, vendidos en 2004 a precio de saldo a Víktor Pinchuk, el yerno de Kuchma, y el oligarca Rinat Ajmétov. El Gobierno acudió a los tribunales para revisar esta venta, pero la iniciativa originó una reacción en cadena imprevista. Alentados por la nueva política, otros ciudadanos que se creyeron perjudicados por las privatizaciones comenzaron también a recurrir a los juzgados. Alarmado por este proceso espontáneo, el Gobierno ha decidido cambiar de táctica y cerrar las transacciones dudosas mediante el cobro de sumas complementarias a quienes no pagaron los precios reales en su día.

Krivorozhstal será objeto de un trato particular, aunque nadie sabe cómo acabará el pleito legal en marcha. Pinchuk ha indicado que piensa continuar el combate en los juzgados y tiene hoy a su servicio al letrado que defendió a Yúshenko en el Tribunal Constitucional, cuando éste abordó la falsificación electoral. En Ucrania tal cosa es una señal, según Alexandr Pasjáver, consejero económico del presidente ucranio. La reprivatización puede ser un arma atractiva con vistas a los comicios parlamentarios de 2006. "El 70% de los ucranios aprueba las reprivatizaciones, pero la economía reacciona negativamente ante ellas", señala Pasjáver.