Cataluña creará un consejo de las artes para dar un vuelco a la política cultural

Transparencia en las decisiones, racionalización de los criterios y un estricto código ético que evite tanto la endogamia como la incompatibilidad. Éstos son, a grandes rasgos, los grandes ejes sobre los que gira la propuesta que ayer presentó Josep Maria Bricall para la creación en Cataluña de un Consejo de las Artes y la Cultura. Este organismo, que ahora debe crearse por ley en el Parlamento catalán, participaría en la definición de las grandes líneas de política cultural y tendría responsabilidad directa en la concesión de ayudas.

En abril del año pasado, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, nombró comisionado para la elaboración de un proyecto de Consejo de la Cultura y las Artes a Josep Maria Bricall. El Gobierno tripartito se comprometió a crear este organismo en su famoso pacto del Tinell en el que se definieron las líneas básicas del gobierno. De hecho, en materia cultural este compromiso es, junto al de doblar el presupuesto, el de mayor envergadura y ambición durante la actual legislatura, por lo que el Documento Bricall era esperado con expectación por el sector en Cataluña y, por lo que pueda tener de experimento o ejemplo, también en el resto de España.

A lo largo de estos meses, el ex rector de la Universidad de Barcelona, catedrático de Economía Política y autor del conocido Informe Bricall sobre la enseñanza pública superior en España, entre otras muchas responsabilidades en la Administración pública, ha analizado, junto a su equipo, los distintos consejos de las artes que existen en el mundo -desde el Arts Council británico al Consejo de las Artes de Quebec (Canadá)-, se ha entrevistado con 250 personas, redactado dos documentos previos de trabajo y, finalmente, ayer presentó su propuesta de cómo tendría que ser el consejo en Cataluña.

Y ya está aquí. Un documento de 38 páginas consultable, en catalán, en la web http://cultura.gencat.net/comissionatcca/documents.htm. El Consejo de la Cultura y las Artes de Cataluña (CCAC) sería, según este documento, un organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña que tendría autonomía organizativa, presupuestaria, financiera, administrativa y disciplinaria. Estaría integrado por 17 miembros, de los cuales tres serían nombrados por el Parlamento autonómico, aunque no tendrían voto, y el resto serían personas relacionadas con la cultura que no representarían a ningún sector en concreto ni tampoco opciones políticas. El procedimiento del nombramiento de estos consejeros es un tanto intrincado. El presidente de la Generalitat nombraría a un comité de expertos, integrado por un máximo de tres personas, que elaboraría la lista, que se razonaría y se acompañaría de los currículos de los integrantes. El Parlamento catalán debería votar la lista en bloque. Si no se aprobara, se reiniciaría el proceso.

Este consejo no supondría tampoco la desaparición del Departamento de Cultura, aunque a corto o largo plazo exigiría su reforma, que mantendría la total responsabilidad en la gestión de los equipamientos públicos (bibliotecas, museos, archivos) y elaboraría las grandes líneas de actuación cultural. En este último punto, sin embargo, el Documento Bricall es lo suficientemente abierto como para permitir la delegación de algunas responsabilidades en el consejo, que, en cualquier caso, debería ser consultado e informado de las decisiones que afecten a la política cultural y tendría la capacidad de emitir informes, dictámenes y recomendaciones. Compartiría la responsabilidad de establecer los criterios y dictaminar las ayudas públicas a la creación (becas, subvenciones, etc) con el Departamento de Cultura, aunque el voto de calidad en caso de empate lo ostentaría el presidente del CCAC.

"Los objetivos principales son la racionalidad y la transparencia", indicó ayer Bricall, para quien otro de los fines es "evitar la tendencia a la endogamia en todos los casos". Será, añadió, la capacidad del propio CCAC para ganarse un prestigio lo que le otorgará autoridad moral ante los políticos y la sociedad para intervenir de forma efectiva en la política cultural. Ésta es la propuesta, ahora serán los grupos políticos en el Parlamento los que darán forma a una ley que, según la consejera de Cultura, Caterina Mieras, "busca el máximo consenso".