Los gestores del PP endeudaron a la Zona Franca en casi 40 millones
El Estado cuestiona los anticipos y la gestión de las subvenciones
La Zona Franca de Cádiz tendrá que afrontar en los próximos diez años el pago de casi 40 millones de euros en ayudas que solicitaron los ex delegados del PP, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. La Abogacía y la Intervención General del Estado cuestionan el largo periodo de devolución de estos anticipos concedidos por los antiguos ministerios de Industria y Energía y de Ciencia y Tecnología.
La Abogacía del Estado señala que "la gestión de estos instrumentos financieros (...) no es muy correcta". El informe sobre la Zona Franca advierte además de que este organismo deberá devolver 2,4 millones de subvenciones gestionadas de manera incorrecta.
Estas cantidades unida a los 30 millones que se perdieron en inversiones de Rilco y Quality Food -sociedades de la Zona Franca- suman más de 72 millones de euros que el recinto fiscal ha pagado o tendrá que asumir por la gestión del PP.
Los ministerios, en la etapa del PP, concedieron un total de 18 préstamos o anticipos reintegrables para construir cuatro polígonos industriales en varios municipios gaditanos; comprar y urbanizar parcelas en el Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real, y un solar propiedad de Construcciones Aeronáuticas (CASA) en Cádiz; para actuaciones inmobiliarias en el recinto exterior e interior de la Zona Franca, y para dos concursos de ideas de proyectos empresariales. Estos 18 anticipos, concedidos entre 1999 y 2003, suman 39.312.092 euros.
Operaciones financiadas
El sistema elegido para devolver las cantidades coincide en todos los anticipos: 10 años con cinco de carencia a partir de 2005, 2006 o 2007. Para la Abogacía y la Intervención del Estado el periodo de devolución "no guarda relación con las operaciones financiadas". "No tiene ningún sentido que una vez vendido o dado de baja el activo que se financió con el anticipo no se devuelva éste (...) parece que el periodo de carencia tiene su sentido en la existencia de un periodo de maduración del proyecto relativamente largo, durante el cual no es susceptible de producir ingresos", afirma el informe elaborado por los abogados e interventores del Estado a instancia de los ministerios de Economía y Justicia. Este documento advierte además de que "la gestión de estos instrumentos financieros por los departamentos concedentes no es muy correcta".
La Abogacía y la Intervención del Estado llaman también la atención sobre "defectos" encontrados en la justificación de subvenciones europeas y estatales. De las 15 subvenciones recibidas por importe de 47 millones, el informe detecta que la Zona Franca deberá devolver 2,4 millones porque las cantidades de inversión anunciadas no se han ejecutado íntegramente.
De la etapa del PP corresponde devolver 1,8 millones, así como justificar más otro 1,3 millones injustificado hasta el momento. De esta práctica también son responsables los ex delegados del PSOE por dos subvenciones de los fondos europeos antes de 1994. La Zona Franca ya ha devuelto 640.000 euros, pero aún restan otros 600.000 euros.
De esta manera, el recinto fiscal afrontará en los próximos diez años la devolución de más de 42 millones de euros por la gestión del PP. Estas cantidades se conocen después de que el delegado especial del Estado, el socialista José de Mier, denunciase el pasado lunes que la Zona Franca de Cádiz ha perdido "como poco" 24 millones de euros por la gestión de los anteriores delegados del Estado en este organismo Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ambos del PP, entre 1996 y 2004.
De Mier señaló que los gastos excesivos y los contratos de Rilco y las inversiones Quality Food han supuesto !un grave quebranto económico! para la tesorería de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda. "Lo que los gaditanos han creado en 70 años de historia de la Zona Franca, estos dos gestores lo podrían haber echado por tierra en cinco años", dijo.
Defensa de Osuna
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, del PP, y el edil y consejero del PP en la Zona Franca, Ignacio Romaní, salieron ayer en defensa del ex delegado Miguel Osuna. Según aseguraron, el informe refleja que la intervención de este gestor en la empresa Quality Food fue "correcta" y que las irregularidades y posibles delitos de fraude y apropiación indebida se produjeron antes del 23 de diciembre de 2003, que es cuando la Zona Franca adquirió la mayoría del capital social de esta empresa. Sin embargo, los dirigentes populares no hicieron mención a que la Zona Franca ya participaba en el accionariado de esta sociedad.
Por otra parte, acusaron al PSOE de "jugar sucio" al filtrar "de manera torticera, injusta y sectaria" el informe que, según Fernández, sólo tenían el delegado José de Mier y la presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Teófila Martínez.
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