El Parlament pide a la Sindicatura que investigue la "instrumentalización" del ICF

Todos los grupos parlamentarios, con la única excepción de Convergència i Unió (CiU), apoyaron ayer una resolución por la que exigen a la Sindicatura de Cuentas que vaya más allá en su rastreo de las actividades del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y sobre la "instrumentalización financiera" de la entidad de crédito público de la Generalitat en los últimos años de CiU en el poder. La resolución pide a la Sindicatura que investigue la autonomía y el riesgo que ha asumido el ICF. Esta entidad tiene un nivel de morosidad siete veces superior a la media del sector financiero.

La comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlament ha analizado y aprobado ya esta semana los dos últimos informes sobre el ICF, correspondientes a los ejercicios de 2000 y 2001, que el órgano fiscalizador de las cuentas públicas de la Generalitat remitió en 2004, con retraso, a la Cámara. En dichos informes se desaconseja la formalización de algunos créditos (a grupos como Mitasa o Puigneró) que han puesto "en riesgo" al Instituto Catalán de Finanzas. La Sindicatura deberá auditar este año los dos ejercicios siguientes (2002 y 2003), y considera materialmente imposible hacer lo propio con el de 2004.

Ahora bien, a partir de la resolución aprobada ayer por el Parlament, se pide a los síndicos que dirige Joan Colom que amplíen la información sobre el grado de autonomía y el nivel de riesgos asumidos por la entidad de crédito en los últimos años de CiU, tras constatar "reiterados indicios de instrumentalización financiera". CiU fue el único partido que se opuso a ahondar en la información referida a los dos últimos años de su gobierno, en los que el número de operaciones y su importe protagonizaron una auténtica escalada. Sobre todo en 2003, en que el ICF otorgó 950,7 millones de euros de créditos y avales (el 113,4% más que en 2002).

En las filas socialistas se señaló cierta preocupación por el nivel de morosidad que viene asumiendo el ICF. De acuerdo con los datos del propio instituto, el nivel de morosidad fue inferior al 4% en 2002 (a pesar de que, según una nota de julio de 2003 del entonces consejero de Economía Francesc Homs, en 2002 la morosidad no había alcanzado el 2%). Al cierre de 2003, aumentó al 5%, y en 2004 las estimaciones se mantienen en este nivel.

Los niveles de morosidad de bancos, cajas y cooperativas de crédito, que en España registran mínimos históricos, han rondado en los últimos meses el 0,7%, de acuerdo con datos del Banco de España. El propio ICF, por su condición de entidad de crédito público, señaló el pasado mes de octubre que su nivel de morosidad lógico no debe ser tan baja como el de bancos y cajas, y que lo normal sería que esta ratio se situara entre el 3% y el 4%.

Entre las resoluciones del tripartito que se aprobaron por unanimidad figura una en la que se pide a la Sindicatura que detalle si se provisionó "correcta y suficientemente" los riesgos que supusieron operaciones concretas como las formalizadas con los grupos textiles Mitasa y Puigneró, y también si se pusieron en marcha mecanismos adecuados para recuperar los préstamo. La Generalitat deberá cumplir además con la asignatura pendiente de crear un Gabinete de Estudios Económicos y Financieros que dé apoyo al Consejo Asesor del ICF.