Zaplana grita

El PP volvió o solicitar comparecencias diversas antes de cerrar la comisión parlamentaria del 11-M; el resto se negó y acordó un calendario que permita aprobar las conclusiones antes del verano. El portavoz del PP levantó su voz escandalizada para proclamar que el Parlamento se niega a conocer la verdad, es decir, que trata de ocultarla: aquello de lo que fue acusado el Gobierno al que pertenecía Zaplana en calidad de portavoz. La estrategia del PP respecto a la comisión podría resumirse en el siguiente principio: "Grita fuerte contra tus propios defectos, y así nadie podrá reprochártelos".

Partiendo de un hecho en sí mismo condenable, las concentraciones ante las sedes del PP en la jornada de reflexión, el portavoz popular mantuvo que el PSOE y sus amigos se niegan a proseguir la investigación porque temen que se conozca toda la verdad. No dijo que formasen parte de la trama que se proponía "derribar al Gobierno" del PP -eso lo dijo Aznar en México-, pero deslizó la sospecha de que el actual Gobierno intenta "tapar posibles responsabilidades políticas", y que quiere "dar carpetazo" a la comisión, mientras el PP es partidario de llegar hasta el final, etcétera.

Sin embargo, era el partido de Zaplana el que gobernaba el 11-M. Las responsabilidades políticas exigibles en su caso -por imprevisión, gestión de la crisis, descontrol del tráfico de explosivos- lo serían al PP. Es absurdo suponer que el PP tenga que probar ahora la participación de ETA, descartada en el sumario, para demostrar que no mintió entre el 11 y el 14. Agarrarse al clavo ardiendo de unos confidentes, que sí están implicados en la trama, para encontrar esas pruebas es suicida. Esos confidentes ya han sido interrogados por el juez, y lo único seguro es que intentan crear confusión (y ruido mediático), extendiendo sospechas en otras direcciones para salvarse ellos. Su comparecencia en la comisión serviría para lo mismo. Es lógico que la comisión se niegue a contribuir a esa confusión.

La acusación de que no se quiere investigar la posible conexión con ETA no sólo afecta a los políticos, sino a los jueces y a los policías que comparecieron en la comisión. Sostener que hay que seguir investigando hasta que aparezcan las pruebas que desmientan a unos y otros es insensato, aunque se diga a gritos.