La Sindicatura ocultó en 2003 informes que alertaban del "riesgo" que asumió el ICF

Otro de los fantasmas que persigue a la gestión de CiU, el apoyo financiero a empresas en crisis que ha acabado costando caro a las arcas de la Generalitat, asomará hoy de nuevo en el Parlament. La Sindicatura de Cuentas, que fiscaliza la gestión económica, financiera y contable del sector público catalán, presentará dos informes sobre el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que la anterior Sindicatura aprobó y se limitó a guardar en un cajón, ocultándolos al Parlament hasta después del cambio de Gobierno. Los informes desaconsejan la concesión de algunos créditos que han puesto "en riesgo" a la entidad de crédito público de la Generalitat. Es el caso de los concedidos a Hilados y Tejidos Puigneró o al Grupo Mitasa.

La Sindicatura de Cuentas depende del Parlament, pero en la recta final del Gobierno de CiU incumplió llamativamente su deber de informar a la Cámara catalana sobre los hallazgos de sus rastreos contables. El retraso en la entrega de informes con Marià Nicolàs como síndico mayor no es nueva, pero las fechas de los informes que vienen siendo desbrozados en la Cámara en los últimos meses -como lo serán hoy los dos citados del ICF- demuestran que se ocultaron al Parlament documentos aprobados por el pleno de la Sindicatura en 2003, poco antes de las elecciones del 16 de noviembre.

La Sindicatura no está obligada a informar de inmediato de todos sus informes, pero sí de los encargados por el Parlament y también, cuando se acaban, de los que fiscalizan a ayuntamientos. Es el caso de cinco informes aprobados en 2003, cuatro de ellos antes de las elecciones, y que durmieron en los cajones hasta la primavera de 2004, tras el aterrizaje de un nuevo síndico mayor, Joan Colom, ya bajo el Gobierno de Maragall. Dichos informes fiscalizan la gestión del Ayuntamiento de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions (2000 y 2001), el Instituto Municipal de Promoción de Empleo del Ayuntamiento de Badalona (2001), el Ayuntamiento de Cambrils (2000 y 2001) y la gestión del ICF (2000 y 2001). Se da la circunstancia de que Ernest Sena, que era director de este banco público, se incorporó en enero, de la mano de CiU, a la Sindicatura.

Los dos informes del ICF fueron aprobados el 22 de julio de 2003. Ambos dan fe de la explosión de la actividad crediticia del instituto a partir de 1999 y sobre todo en 2001, y alertan de la concesión de créditos como el que recibió la textil Puigneró, de 12 millones de euros, tras suspender pagos. O los de Grupo Mitasa, que recibió dos por 15,56 millones en 1996 para recapitalizar créditos previamente concedidos al grupo, que quebró en 2002.

Los informes alertan también de que el ICF "no siempre sigue el procedimiento fijado por ley" (pedir tres ofertas) en sus contratos a proveedores, e incluyen recomendaciones vigentes desde 1996 sobre la concesión de préstamos al personal del ICF para comprar un piso con permiso de la Dirección General de la Función Pública, que el ICF incumplió durante años, aunque corrigió la situación a partir de 2000.