Un grupo de inmigrantes inicia una huelga de hambre

Un grupo de unos 500 inmigrantes encerrados desde anteanoche en varias universidades, iglesias y centros deportivos en demanda de una ley de Extranjería más flexible iniciaron ayer una huelga de hambre que finalizará esta noche. En Barcelona, los encierros se han llevado a cabo en la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), el polideportivo de Sant Medir y la parroquia de Sant Miquel del Port.

En la Facultad de Económicas, de la Pompeu Fabra, junto a la estación de Francia, un grupo de estudiantes comparte el encierro con los inmigrantes. Es un grupo que, apoyando las peticiones de los inmigrantes y bajo el lema Ninguna persona es ilegal: no tiene sentido el concepto de ilegalidad aplicado a las personas, decidió ayudar a conseguir una estancia para ofrecérsela a los inmigrantes en la misma universidad.

Otros grupos no han tenido la suerte de encontrarse en un local acondicionado: en el polideportivo de Sant Medir, que no tiene calefacción, se refugiaron en la noche del viernes unas 170 personas. En la UPC, el polideportivo de Sant Medir, en el barcelonés barrio de Sants, y la iglesia de Santa Coloma, los recluidos empezaron el viernes una huelga de hambre.

En la iglesia de Sant Miquel de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) permanecen en ayuno unos 70 inmigrantes. La mayoría de los reunidos en Santa Coloma llevan más de tres años viviendo en la ciudad, aunque no han podido empadronarse por falta de recursos para disponer de una vivienda.

Documentos imprescindibles

El Centro de Acogida para Extranjeros, entidad que da apoyo a esta protesta, considera que el periodo de tiempo del que el Gobierno ha dispuesto para regularizar la situación es insuficiente, ya que hay algunas personas procedentes de países que no tienen embajada o consulados en España. En estos casos, argumenta la entidad, los inmigrantes deben solicitar documentos imprescindibles, como el certificado de antecedentes penales, al país de origen, y el tiempo que tienen, de tres meses, dicen que resulta insuficiente, informa Cristina Perales.

En la conferencia de prensa que convocó la Asamblea por la Regularización sin Condiciones en las instalaciones de la universidad Pompeu Fabra, una portavoz del grupo de inmigrantes búlgaros afirmó: "Todos deseamos cambiar la Ley de Extranjería. Es una farsa que no da oportunidades igualitarias".

El colectivo de inmigrantes en su totalidad reclamó más flexibilidad en la Ley de Extranjería, y para ello propuso varias alternativas: que se consideren válidas otras vías para demostrar la residencia en el país, ya que sólo tiene validez el certificado de empadronamiento, que se suprima el contrato como requisito indispensable para la regularización y que se permita la tramitación de las peticiones de regularización que aporten solicitud del certificado de penales, aunque este certificado se adjunte más tarde. "Los requisitos que piden a los inmigrantes están muy lejos de la realidad. La ley actual es una solución que no está al alcance de la mayoría, ya que muchos trabajan con papeles de otras personas o sin papeles", afirmó un portavoz. Respecto a la obligación de los empresarios de regularizar la situación de los trabajadores, los portavoces del colectivo afirmaron que "es un reglamento de los empresarios pensados para los empresarios" y denunciaron la gran cantidad de despidos de inmigrantes que se producen por reclamar la regularización de su situación laboral en las empresas en las que trabajan.

Issa Pouyç está recluido en la iglesia de Sant Miquel de Santa Coloma de Gramenet. Tiene 28 años y es de Senegal. En junio hará dos años que reside en Santa Coloma. Desde entonces ha trabajado en Cataluña, pero no ha podido acceder al proceso de regularización porque no tiene papeles. "Me quiero quedar en este país y ser uno más", afirmó.

La venta de contratos, la explotación y las acciones de las mafias no ayudan a solventar la situación. "Los vendedores de butano tienen que repartir bombonas a 100 casas para conseguir 30 euros", denunció un trabajador paquistaní llamado Ibrahim. Victoria, portavoz del colectivo búlgaro, le secundó: "Hay una fábrica de montaje de carpetas cuya plantilla está compuesta prácticamente en su totalidad por búlgaras. Cobran 100 euros al mes. Las habitaciones cuestan unos 250 euros al mes. ¿Cómo se supone que debe vivir esta gente?". "Pedimos al Gobierno un gran cambio", afirmó.

Está previsto que el encierro termine esta tarde y, según los portavoces de los inmigrantes, será sólo "un preludio" de las movilizaciones convocadas para el 2 de abril.