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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Aniversario

Hoy se cumple un año del 11-M. M de marzo, de Madrid, de muertos: 191, según el cómputo definitivo. Ese grafismo, 11-M, será recordado por cuantos han vivido este día, decía el editorial de EL PAÍS aparecido el 14 de marzo de 2004. Y añadía: "Las futuras generaciones tendrán noticia de lo que la actual haya hecho: de cómo hayamos reaccionado ante una agresión tan sin precedentes, tan inesperada, tan inhumana". Y también: "Llenar las urnas de votos es la mejor forma de hacer frente a quienes han intentado imponer su voluntad de muerte al deseo de vida de esta sociedad".

El dolor no paralizó a la sociedad. No hubo reacciones histéricas. Frente a los tópicos y cierta tendencia a ver lo propio con desconfianza, los servicios públicos funcionaron con sobriedad y eficacia. Bomberos, policías, sanitarios, servicios de Protección Civil, forenses se movilizaron con rapidez. Hubo ejemplos de valor y civismo admirables, algunos de los cuales sólo se conocieron mucho después, como el del artificiero que decidió desactivar, con riesgo de su vida, la bomba sin estallar de la que salieron las pistas fundamentales para la identificación de los autores. La mayoría de éstos fueron detenidos, y otros se suicidaron en un piso de Leganés cuando la policía -uno de cuyos agentes también murió en la acción, lo que hace la víctima 192- les conminaba a entregarse. Un día después de los atentados, la ciudadanía salió a la calle en la mayor movilización de nuestra historia, y dos más tarde votaba masivamente.

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El Congreso homenajeó ayer a las víctimas con una declaración institucional a favor de la unidad política contra la barbarie terrorista, y el Rey subrayó que las "divisiones en la sociedad" debilitan la lucha contra el fenómeno. La evidencia de que España figura entre los objetivos del terrorismo islamista ha obligado a adoptar ciertas medidas preventivas, pero ni ha habido un recorte de libertades o garantías jurídicas, como en otros países, ni reacciones perceptibles de xenofobia. Las elecciones provocaron un cambio inesperado de mayoría, y la retirada inmediata de tropas de Irak, lo que envenenó las relaciones con EE UU. Ambas cosas enturbiaron también las relaciones entre el partido perdedor y el vencedor. El PP cedió a la tentación de buscar explicaciones conspiratorias de su derrota. Una ex ministra reprochó a los electores que habitualmente no votan haberlo hecho debido al atentado. Lo preocupante habría sido que un acontecimiento tan grave no influyera en los electores, y que lo hiciera estimulando la participación no debiera preocupar a nadie, más bien indica una gran madurez cívica.

La obsesión conspiratoria la trasladó el PP a la comisión parlamentaria de investigación. El objetivo inicial de ésta no era tanto establecer responsabilidades políticas, que se consideraban depuradas en las elecciones, como identificar errores subsanables que impidieron detectar a tiempo el peligro. La investigación reveló que lo que se sabía del terrorismo islamista en nuestro país era bastante más de lo que se suponía, lo que explica en parte la rapidez de la identificación de los autores en cuanto se tuvo la primera pista solvente. También reflejó la existencia de una insólita trama española de tráfico de explosivos en Asturias, y fallos obvios en su control por las fuerzas de seguridad, pese a la existencia de confidentes en su interior.

Pero la comisión también fue escenario de enfrentamientos cainitas, a veces muy sectarios. De un lado, por la acusación contra el PP de haber manipulado deliberadamente a la opinión para prolongar la hipótesis de la autoría de ETA por temor a que la gente relacionase la del terrorismo islamista con la participación en Irak; de otro, por los intentos de deslegitimar los resultados electorales como efecto del atentado. La insinuación se hizo casi acusación en las intervenciones del ex ministro Acebes y el ex presidente Aznar sobre la existencia de unos no lejanos "autores intelectuales" -la supuesta "X del 11-M"-, que habrían buscado con la matanza el vuelco político. El resultado de esa batalla ha sido el desmarque del PP respecto a las recomendaciones en materia de seguridad y atención a las víctimas pactadas por los demás grupos.

El PP ha preferido ese aislamiento que legitimar el documento de una comisión cuyas conclusiones serán probablemente muy críticas con los fallos detectados y con la gestión informativa de la crisis. Había, sin embargo, base para ensayar unas resoluciones no tan radicales desde el momento en que el propio Aznar reconoció que, acuciado por el terrorismo etarra, su Gobierno había subestimado el peligro islamista, y que, al mismo tiempo, los nuevos intentos terroristas abortados por la policía permiten matizar como pretexto, más que como causa, la participación bélica española en Irak.

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