¿Libertad o seguridad?

A partir del día 1 de enero de 2008, la policía de un país de la Unión Europea deberá aportar la información terrorista que le demande la policía de otro país de la UE. Este mandato, establecido por los líderes europeos, mejorará sin duda la persecución transfronteriza del terrorismo, pero ¿qué garantías tendrán los ciudadanos involucrados respecto a los datos que se intercambien los agentes? ¿Quién velará por borrar los datos de implicados que resulten después ser inocentes? Éste es uno de los ejemplos que esgrimen las asociaciones de defensa de los derechos humanos para denunciar que el 11-M ha promovido una mejora de las políticas represivas, pero que la defensa de los derechos civiles no ha avanzado a la par.

La euroorden ha terminado con los procesos de extradición en Europa. Establece el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales de manera que, sin mediación política, un juez puede entregar en unos pocos días a un acusado reclamado por otro juez de otro país. Pero, ¿qué defensa tiene el acusado? ¿Quién le garantiza abogados en ambos países para defenderse de una acusación de la que quizá desconozca los detalles y las pruebas? Es la cuestión que plantea Sarah de Mas, de la organización británica Justicia en el Extranjero.

"Es verdad que el 11-M no ha provocado un recorte de libertades como el producido tras el 11-S, pero la protección jurídica no está atravesando fronteras de la misma forma en que lo está haciendo la represión; no hay paso atrás, pero tampoco adelante en libertades", matiza Susie Alegre, de la oficina europea de Amnistía Internacional. Como ejemplo, Alegre cita el incumplido plan europeo de establecer una directiva marco sobre los derechos procedimentales en Europa. Siempre hay un país que encuentra dificultades para fijar estándares comunes y, a este respecto, recuerda que, por ejemplo, la ley española permite mantener a un sospechoso de terrorismo hasta 13 días incomunicado.

La situación más grave, sin embargo, se está produciendo en una de las democracias más veteranas del mundo: el Reino Unido. Al rebufo de los atentados del 11-S en Estados Unidos, el Gobierno de Tony Blair aprobó una ley antiterrorista que permitía encarcelar indefinidamente sin juicio a los extranjeros sospechosos de terrorismo. Diecisiete personas han sufrido el peso de esta ley que en diciembre suspendió la Cámara de los Lores.

Ahora, el Gobierno de Blair intenta reemplazarla con otra norma que permitiría al Ministerio del Interior lanzar una "orden de vigilancia" contra un sospechoso de terrorismo, lo que ha generado un agrio debate nacional. "Por el momento", dice Tony Bunyan, de la organización Statewatch Report, "el Reino Unido es el único país de la UE que ha tomado medidas excepcionales, pero se está generando una nueva agenda en el Grupo de los Ocho (G-8) -los más industrializados del mundo- que puede afectar a la Unión en su conjunto".

En este contexto, Bunyan recuerda, en un informe publicado el martes, que el G-8 reaccionó al 11-S exigiendo pasaportes biométricos y la retención de los datos de los pasajeros aéreos, e insiste en la necesidad de mejorar las técnicas de vigilancia e investigación con todos los medios técnicos disponibles.

Los pasaportes biométricos (con un microprocesador que recogerá los datos y las huellas dactilares) van a ser una realidad en la UE a finales del próximo año. Fue una exigencia de Washington que a la UE no le pareció mal al considerar que de esa forma se mejoraba la seguridad propia. También por exigencia de la Administración Bush, la UE consintió el año pasado en permitir que los pasajeros aéreos aporten sus datos personales a las compañías. "Es imposible controlar quién tiene acceso a esos datos en EE UU, donde hay alrededor de 1.500 agencias", alerta Bunyan.

La UE reclama un fluido intercambio de información policial, judicial y de inteligencia para mejorar la lucha contra el terrorismo. En efecto, en un continente sin fronteras parece lógico pensar que ésta es una necesidad perentoria para la persecución transfronteriza del crimen organizado.

Pero las organizaciones de derechos humanos se preguntan por qué los legisladores europeos no han tenido el mismo cuidado en establecer, por ejemplo, la obligación de eliminar de la información transmitida el nombre de sospechosos o condenados por error. "En esta lucha contra el terrorismo se están produciendo enormes desequilibrios", dice Sarah de Mas. "Nuestras democracias están corriendo un riesgo enorme y a veces las decisiones parecen estar tomadas por el propio Osama bin Laden, al que mueve precisamente su afán por atacar los principios de las sociedades occidentales".