El Senado aprueba crear un registro de seguros de vida para que no queden sin cobrar pólizas de fallecidos

El pleno del Senado aprobó ayer, con los votos de todos los grupos políticos, que se inicie la tramitación de una proposición de ley de Entesa Catalana de Progrès, que agrupa a los grupos parlamentarios catalanes de izquierda, para la creación de un registro de contratos de seguros de cobertura individual de fallecimiento. En la legislatura anterior, con el Partido Popular, este partido votó en contra de una propuesta similar.

El texto aprobado pretende crear un registro público, dependiente del Ministerio de Justicia, al que cualquier posible beneficiario pueda acudir con el certificado de defunción de un familiar para conocer si el fallecido tenía algún seguro y con qué compañía.

Según el senador de Entesa Ramón Espasa, ocurre con frecuencia que, tras fallecer el tomador del seguro, sus posibles beneficiarios, por desconocer la existencia del seguro, no reclaman su cobro, perdiendo unos derechos económicos a los que tienen derecho "y las aseguradoras pueden obtener un beneficio indebido". Cuando transcurren cinco años tras el fallecimiento sin reclamación, prescribe el derecho a cobrar la póliza.

En 2004 se contrataron 12,5 millones de seguros de vida individuales. El Gobierno ya trabaja en una propuesta similar, tras consultar a la patronal del sector, Unespa, las asociaciones de consumidores y al Ministerio de Economía. Según el sector, es posible que en seis meses ya esté listo el registro.

Por otra parte, el Congreso aprobó, con la abstención del PP, una proposición no de ley presentada por el PSOE y pactada con CiU en la que se insta al Gobierno a promover el abaratamiento de los costes asociados al cambio de entidad de las hipotecas para facilitar la movilidad de las mismas, y a propiciar el traspaso de los contratos a tipo variable, que suponen el 99% del total, a otras modalidades con menor riesgo ante un alza de tipos. Precisamente ayer el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, comentó que "es muy difícil cambiar la voluntad de decisión de los clientes solamente a través de decretos, sobre todo cuando hay una diferencia tan acusada entre los tipos fijos y variables", en un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).