Argentina acumula 35 demandas de empresas por incumplir contratos

Las empresas concesionarias de servicios públicos reclaman al Estado argentino indemnizaciones estimadas en unos 18.000 millones de dólares (13.443 millones de euros) por los supuestos incumplimientos en los contratos firmados en la década de los noventa, que el Ejecutivo decidió revisar tras el derrumbe económico de 2001. En la actualidad hay 35 demandas pendientes de otras tantas empresas.

A las demandas ya elevadas a la consideración del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal controlado por el Banco Mundial, podrían sumarse otras con reclamaciones por 20.000 millones de dólares que fueron anunciadas y están en trámite, según informó ayer el ministro de Justicia del Ejecutivo argentino, Horacio Rosatti.

Las demandas pendientes de resolución, iniciadas por compañías participadas por capitales estadounidenses y europeos, especialmente de España, Francia y Alemania, entre otros, son 35. La mayoría de ellas están "demoradas y a la espera de ver cómo sigue la revisión de los contratos", según un portavoz del Ministerio de Justicia, pero "no suspendidas".

El último movimiento se registró en un expediente iniciado por Telefónica, demanda a la que los representantes legales del Estado argentino objetaron, como a las demás, por cuestiones de jurisdicción y alcance de los tribunales.

El presidente Kirchner insiste en que la discusión sobre inversiones y tarifas de los servicios públicos tiene que resolverse "sin que deba inmiscuirse un tribunal internacional ni árbitro alguno". Sin embargo, los portavoces del CIADI advierten de que, llegado el momento del laudo al que se comprometió el país cuando firmó los contratos, "si la empresa no retiró la demanda las resoluciones del tribunal deberán ser aceptadas y cumplidas por las partes".

El ministro de Justicia asegura que "de ninguna manera Argentina va a permitir que su política de servicios públicos sea dirimida en tribunales arbitrales que no están conectados entre sí y que carecen de una visión de conjunto. En algún caso, a lo mejor están pretendiendo que el status de un inversor extranjero sea superior al status de cualquier habitante de la nación argentina, y esto sería desigualdad ante la ley".

El ministro de Justicia creó una comisión de expertos en derecho administrativo para que, en un plazo máximo de 60 días, presente un proyecto de ley con el que se propone "crear un tribunal arbitral administrativo especial para entender en los conflictos con los concesionarios de los servicios públicos privatizados". Según Rosatti, en el futuro, las empresas que acepten renovar los contratos deberán reclamar primero en la justicia argentina antes de recurrir a los tribunales internacionales.