La polémica deja varios informes y resoluciones pendientes

Al margen de dónde se ubique físicamente la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el problema más grave que está sobre la mesa es el retraso que acumulan los asuntos más candentes que tiene pendientes de resolver el organismo regulador. Desde que se anunciara su traslado a Barcelona, en julio de 2004, se ha constatado una merma en la actividad de la CMT, que se ha puesto de manifiesto en una menor aprobación de resoluciones.

Entre estos asuntos pendientes, el de mayor trascendencia es el análisis de los distintos mercados del sector (telefonía fija y móvil, Internet, etcétera) para determinar el buen funcionamiento de la competencia en cada uno de ellos y proponer medidas y, en su caso, nuevas obligaciones a los operadores.

Se trata de un encargo de la Comisión Europea que se está llevando a cabo simultáneamente en todos los países de la Europa comunitaria, y que persigue la armonización de las legislaciones.

Regulación de tarifas

De las conclusiones de ese estudio dependen, entre otras cosas, asuntos tan trascendentales como la regulación de las tarifas de telefonía fija de Telefónica de España, actualmente bajo el sistema de precios máximos (price cap) que dicta el Gobierno y que se suponía que iba a desaparecer en el año 2006.

También están en juego las tarifas de interconexión que cobran las compañías de móviles por utilizar su red, y de las que depende en gran medida el precio final de la llamada que paga el usuario, cuya rebaja se ha pedido insistentemente. Y no sólo desde las organizaciones de consumidores, sino también desde Bruselas. La CMT tenía que tener listo este estudio para el próximo mes de agosto, pero fuentes del organismo dudan de que se pueda llegar a tiempo, sobre todo, si se acelera el traslado de la sede y, con él, se producen las inevitables fugas de funcionarios.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones también tiene pendiente informar sobre la influencia que tendrían sobre el mercado los denominados operadores móviles virtuales, compañías sin red propia que se dedican a revender minutos de tráfico que compran al por mayor a las operadoras establecidas.

Asimismo, la Comisión está encargada de asesorar en la nueva legislación sobre el espectro radioeléctrico, que el Gobierno quiere flexibilizar, con el objeto de que las compañías puedan vender o alquilar el derecho de las frecuencias que tienen asignadas.