La Audiencia imputa a la cúpula lingüística navarra

La Audiencia Provincial de Navarra ha decidido investigar si la cúpula de la Dirección General de Política Lingüística y Universidades del Gobierno foral, dirigida por Pedro Pegenaute, pudo cometer delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o falsificación de documento público al otorgar irregularmente en 2001 una subvención de 31.000 euros al rotativo Diario de Navarra.

La asociación Euskara Kultur Elkargoa dio a conocer ayer que la Sección Tercera de la Audiencia ha aceptado ampliar la querella interpuesta por la entidad contra Pegenaute, Fermín Villanueva y Julen Calvo, responsables de Política Lingüística, por la presunta concesión ilegal, otorgada fuera de plazo, de ayudas al periódico por la utilización del euskera en sus ediciones.

La Sala ha dictado un auto en el que eleva a la categoría de imputados a quienes hasta ahora había citado como testigos en la causa y anuncia que estudiará en la nueva fase instructora si incurrieron en posibles delitos de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendads), falsificación de documento público o malversación de caudales.

Las convocatorias anuales en Navarra de subvenciones a medios de comunicación por usar el euskera han sido fuente habitual de controversia en los últimos años. En 2002, se marginó de las mismas a la emisora Euskalerria Irratia de Pamplona, con más de diez años de emisión propia, al carecer de licencia oficial. Esta empresa volvió a recibir ayudas, aunque sensiblemente menores, desde 2004. Publicaciones editadas en euskera o suplementos periodísticos en esa lengua difundidos en Navarra han sido apartados de las ayudas por motivos como su pertenencia a empresas con sede en otra comunidad.

Euskara Kultur Elkargoa expresó ayer su "alegría contenida y prudente" ante la decisión judicial, aunque Koldo Martínez, portavoz de la asociación, añadió que también están "tristes" por tener que verse obligados a denunciar ante los tribunales "a quienes, desde la responsabilidad de sus puestos en el Gobierno de Navarra, deberían velar por derechos de todos ciudadanos y la justicia y no lo hacen".