Zapatero reunirá la cumbre autonómica ante el bloqueo de la reforma territorial

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convocará la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar la financiación sanitaria tras las elecciones autonómicas vascas del 17 de abril. Con esta iniciativa, el Ejecutivo socialista materializará su voluntad de mantener la hoja de ruta de su política territorial, pese a la actitud crítica del PP hacia sus planes de desarrollo autonómico y a las repercusiones negativas que tenga en la Generalitat de Pasqual Maragall la crisis política de Cataluña. El Gobierno quiere dejar claro con hechos que mantendrá su política territorial.

El debate del Estatuto catalán en las Cortes puede aplazarse hasta después de las gallegas

Con la convocatoria de una segunda Conferencia de Presidentes autonómicos -la primera, celebrada en noviembre, tuvo carácter constituyente- dedicada monográficamente a la financiación sanitaria, el Gobierno abordará una cuestión tan crucial para las comunidades que hace muy difícil el retraimiento de las gobernadas por el PP. Además, consagra que la financiación será pactada por todas las autonomías.

El principal problema financiero de las autonomías es la sanidad porque sus gastos crecen más que los ingresos en todas ellas. El Gobierno cuenta con que el PP, pese a su estrategia crítica con la política territorial del Ejecutivo, no boicoteará una reunión en la que su objetivo es analizar el procedimiento para recortar gastos sanitarios y estudiar fórmulas para aumentar los ingresos de las autonomías.

Las comunidades autónomas del PP han mantenido reuniones en las que han constatado la gravedad del problema y han reclamado soluciones al Gobierno. Ayer, el ministro de Economía, Pedro Solbes, adelantó que su solución no pasa porque el Estado aumente sus impuestos para poder transferirles más recursos. Abogó por "reflexionar seriamente sobre cuál es el margen de capacidad fiscal y la corresponsabilidad fiscal de los distintos niveles de la Administración".

El Gobierno cuenta con un amplio margen de actuación y mantendrá su hoja de ruta territorial, aunque admite que el proceso de reformas se ha complicado. El rechazo del PP a constituir la comisión pactada entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en la Moncloa el 14 de enero, y sus duros ataques a su política territorial, hacen temer al Ejecutivo una carrera de obstáculos en el proceso.

La cuestión territorial se ha complicado aún más con la crisis política en Cataluña, tras el pleno del Parlamento dedicado al hundimiento en el barrio del Carmel, y retrasará la negociación del Estatuto. La Generalitat había previsto que el Estatuto de Cataluña quedara aprobado por el Parlamento autonómico para finales de primavera. Tras esta crisis, las previsiones más favorables lo sitúan a finales de verano.

Este retraso favorece al Gobierno, que prefiere que el debate de la reforma del Estatuto de Cataluña en las Cortes españolas no interfiera en las elecciones gallegas, que se celebrarán en otoño, y en las que el socialismo gallego tiene serias expectativas de romper la mayoría absoluta del PP y gobernar con el BNG.

Pero si, tras la querella de CiU contra Maragall, la tensión generada entre convergentes y socialistas se complica en las próximas semanas, puede echar por tierra las posibilidades del Estatuto de Cataluña. O complicar el proceso por la vía de la radicalización nacionalista de CiU en una competición con Maragall, que durante la crisis, ha asegurado que el principal objetivo de su legislatura autonómica es la reforma del Estatuto.

También se ha complicado la reforma del Estatuto de Canarias, tras la reciente escisión de Coalición Canaria. La pugna entre los dos grupos ha roto el pacto entre el presidente de la comunidad, Adán Martín, de CC, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para retirar los aspectos inconstitucionales del borrador. En estas condiciones, el PSOE se ha retirado de la comisión de reforma estatutaria en la que siguen CC y PP.

En esta tesitura ha entrado en escena un personaje emblemático para los socialistas, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía y del partido. Chaves, en una intervención muy meditada el jueves en Madrid, opinó sobre las reglas de juego de las reformas estatutarias.

Chaves se opuso, en referencia a Cataluña, a que una comunidad quiera determinar en su Estatuto la relación financiera con el Estado y a que se revise el artículo 2 de la Constitución, salvo que se limite a introducir el nombre de las comunidades autónomas. Maragall defiende la posible revisión del artículo dos de la Carta para introducir la diferencia de las comunidades entre nacionalidades y regiones.

En cuanto al modelo de financiación, ayer era Solbes el que rechazaba la posibilidad de extender el modelo del Cupo vasco y navarro a Cataluña, como reclaman ERC y CiU, o a cualquier otra comunidad porque "no responde ni a la tradición de este país ni sería fácil de encajar en nuestro sistema constitucional".

El planteamiento de Chaves y Solbes se sitúa en línea con las tesis sobre la reforma estatutaria, adelantadas por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el secretario de organización del PSOE, José Blanco, que disgustaron a Maragall.

Chaves no ha fijado aún el calendario de tramitación de la reforma del Estatuto andaluz en el Parlamento para enviarla a las Cortes. Pero, en medios socialistas, empieza a especularse con que podría ser el primero si se complica un poco más la situación de Cataluña.

Pero, además de esta línea defensiva, el Gobierno pretende contraatacar con la gestión y, tras la sesión sobre la financiación sanitaria, el Ejecutivo convocará, previsiblemente en otoño, otra Conferencia de Presidentes para empezar a abordar la financiación autonómica.