El Gobierno busca "recuperar la credibilidad" en Cataluña

Ante los problemas creados por la Generalitat de Cataluña, el Gobierno Zapatero apuesta por la estrategia de tomar la iniciativa en la gestión de la crisis para "recuperar la credibilidad de la política", desde el Gobierno catalán y el Ejecutivo central. Ha sido esa la conclusión de las conversaciones que José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall así como ministros del Gobierno socialista y consejeros de la Generalitat han mantenido estos días, aunque el Ejecutivo Zapatero ha evitado pronunciarse públicamente sobre dicha crisis para no reconocer ante el exterior los errores cometidos por el presidente de la Generalitat.

Ante el conflicto político suscitado en Cataluña y complicado en el debate sobre el hundimiento de edificios en el barrio del Carmel, con las acusaciones de corrupción del presidente Maragall dirigidas al líder de CiU, Artur Mas, el Gobierno Zapatero aconsejó al de la Generalitat que no perdiera de vista que el principal problema a resolver era el de los vecinos afectados por el hundimiento, señalan en fuentes del Ejecutivo socialista.

"El principal problema que está en juego es la credibilidad política, la escisión entre los ciudadanos y los políticos", señalan las mismas fuentes. Con esa pauta, el miércoles, el Gobierno aprobaba el decreto de ayudas a los vecinos afectados.

La misma estrategia, aconseja La Moncloa a la Generalitat, en cuanto a las acusaciones de corrupción al Gobiernode CiU. El Ejecutivo socialista apuesta porque las acusaciones se sigan en la comisión de investigación parlamentaria y de la Fiscalía, con transparencia, pero sin envenenar el debate político.

El Gobierno Zapatero, en contacto con el de la Generalitat de Cataluña, no contempla un adelanto electoral en la comunidad, pese a la crisis política, y sigue apostando porque la reforma del Estatuto de Cataluña siga adelante, a sabiendas de que va a ser una reforma complicada. "No hay ninguna intención de aprovechar la crisis para boicotear una reforma estatutaria complicada, como va a ser la catalana, y que el Gobierno había asumido que iba a ser el referente del proceso estatutario que se avecina", señalan en fuentes del Ejecutivo.