El Gobierno da luz verde a la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos

El Gobierno dará luz verde en su próxima reunión al proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos, que sustituirá a la normativa actualmente en vigor, aprobada hace poco menos de un año por la Administración popular.

Con esta decisión, el PSOE cumple, aunque con cierto retraso, su compromiso electoral para modificar la ley del Gobierno anterior, contra la que se había manifestado la mayor parte del sector agrario, que reclamaba un mejor tratamiento para los profesionales del campo.

Las razones de ese retraso son las diferencias surgidas entre el Ministerio de Economía, que rechazaba los cambios propuestos por Agricultura.

El nuevo proyecto de ley contempla elevar nuevamente de tres a cinco años el periodo mínimo para la firma de un contrato. Con esta medida, se pretende dar una mayor estabilidad a los arrendatarios. Desde los profesionales del campo se consideraba que un periodo de tres años era insuficiente para hacer una programación de inversiones y producciones.

Con la nueva norma se plantea volver a fijar techos en las superficies arrendadas por cada agricultor: 50 hectáreas en regadio, 500 en secano o 1.000 hectáreas en pastos para evitar una concentración excesiva de la tierra. Igualmente se plantean limitaciones cuando los arrendatarios sean sociedades diferentes a las entidades cooperativas.

Frente a la actual ley, se defiende que los profesionales del sector tengan derechos preferenciales ante otras personas a la hora de pujar por un arrendamiento.

En España, la superficie teórica en arrendamiento supone aproximadamente una tercera parte de la superficie agraria útil, que es de unos 26 millones de hectáreas. Dado el nivel de envejecimiento de la población agraria y la escasa incorporación de los jóvenes, se considera que en los próximos años aumentará considerablemente la tierra cuyos propietarios han abandonado la actividad.

Esta situación puede suponer dos salidas. Primera, más tierras en arrendamiento. En segundo lugar, el desarrollo de empresas de servicios que hagan las tareas de siembra, tratamientos y recogida a cuenta del propietario, percibiendo un dinero por esos servicios.

La intención del Gobierno con esta modificación es fomentar el aumento de la dimensión económica y la competitividad de las explotaciones, como fórmula para crear empleo y evitar el éxodo rural.