A paso lento

El proceso de reforma constitucional está en marcha. El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado los cuatro puntos de reforma que ya anunció Zapatero en el debate de investidura: sobre la sucesión a la Corona, los nombres de las comunidades autónomas, la relación con Europa y el Senado. Al Consejo de Estado se le concede un año para que avale y concrete los términos de la reforma. El Gobierno ha escogido un procedimiento deliberadamente largo que responde a un motivo político muy concreto: que la reforma de la Constitución se haga efectiva al final de la legislatura.

La anulación de la preferencia de sexo en la sucesión a la Corona, por afectar al Título II de la Constitución, requiere la disolución de las Cortes y la convocatoria de referéndum. El Ejecutivo quiere ajustar al máximo la reforma al periodo legal de la legislatura, de modo que, si los calendarios se cumplieran según lo previsto, algunas reformas estatutarias irían por delante de la reforma de la Constitución. Se pretende zanjar cualquier hipotético debate fijando las reformas constitucionales previstas como techo constitucional al que se tendrán que adaptar los Estatutos. Pero la pretensión de algunos parlamentos autónomos de ampliar las reformas será inevitable.

La reforma de la Constitución no debe ser en sí misma ningún motivo de preocupación. Es verdad que la ley fundamental nos ha dado el más largo periodo de libertades en este país, pero también lo es que las sociedades cambian y son los textos legales los que tienen que ir adaptándose a ellas. Las democracias más estables de nuestro entorno han tenido diversas reformas constitucionales y en muchos casos han sido resueltas como un simple trámite. La estabilidad que la Constitución ha dado hizo de su reforma un tabú, especialmente reforzado por el anterior Gobierno del PP, que vinculaba inmovilismo constitucional y lucha antiterrorista. Ninguna de las propuestas del Gobierno socialista debilita lo más mínimo la respuesta del Estado a la amenaza terrorista o secesionista.

La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en la sucesión a la Corona no puede plantear problema alguno. Es la simple adaptación de una institución arcaica a una sociedad moderna. La consolidación de los derechos adquiridos por el príncipe Felipe parece de sentido común. Este punto de la reforma no tendría mayores consecuencias si no fuera porque obliga a la convocatoria de un referéndum y, en este sentido, condiciona todo el proceso.

Aunque el Tribunal Constitucional no ha considerado necesaria la reforma de la norma fundamental española para la aprobación de la nueva Constitución europea, solemnizar en el texto marco de nuestra convivencia política la nueva relación entre países europeos parece corresponderse con la importancia de un proceso histórico como es la consolidación de la construcción europea.

La enumeración de las nacionalidades y regiones que componen España es un modo de levantar acta de la consolidación del Estado de las autonomías. Una división que, en el momento fundacional, parecía provisional y, en algunos casos, forzada, ha demostrado ser útil para la creación de un Estado descentralizado cargado de contenido político y no sólo administrativo. Entrar en el juego de la adjetivación de las distintas comunidades autónomas responde a un prurito de afirmación sobre la base de diferenciarse de los demás que puede satisfacer algunos sentimientos regionales, pero contribuye poco al reconocimiento de la igualdad que debe presidir las relaciones entre diversas partes de un mismo Estado.

La misma dinámica del Estado de las autonomías conduce a normalizar la realidad federal del país. Éste debería ser el sentido de la reforma del Senado: Cámara de participación de las comunidades autónomas en los asuntos que conciernen a la totalidad del Estado, Cámara de primera lectura de algunas cuestiones directamente vinculadas a la realidad autonómica y lugar del debate político conjunto sobre el Estado de las autonomías. La concreción técnica de esta reforma es, sin duda, lo más complicado del proceso. El derecho comparado puede dar pistas, pero muestra muchas vacilaciones. Pero sí que es importante que a la hora de diseñar el Senado se sepan mantener los equilibrios necesarios con el Congreso para que la reforma no derive hacia soluciones que dificulten la formación de las mayorías y el normal funcionamiento del poder legislativo.

Es positivo que la reforma se haya puesto en marcha. Se equivocaría el PP si sucumbiera a la tentación de hacer de ella una batalla. Tiempo habrá de debatir cada uno de sus aspectos, pero su éxito depende de la cooperación entre todos los partidos y, en especial, de los dos mayoritarios.