El fiscal del Estado acusa al PP de querer condicionar su actuación

La Fiscalía General del Estado afirmó ayer que dirigentes del PP de Madrid intentan condicionar el trabajo de esa institución en relación con la investigación de una trama inmobiliaria en Majadahonda (Madrid). La Fiscalía añadió que la denuncia presentada por el PP contra Cándido Conde-Pumpido en el Supremo "constituye un hecho inédito y absolutamente perturbador para el funcionamiento de la justicia".

El pasado viernes, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presentó en el Tribunal Supremo una denuncia contra el fiscal general del Estado por supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos, relacionados con el decreto en que Cándido Conde-Pumpido ordenó a la Fiscalía Anticorrupción investigar la trama urbanística de Majadahonda.

La Fiscalía General respondió ayer en un comunicado que "no se alcanza a comprender si con esta denuncia se pretende impedir que los hechos denunciados puedan ser objeto de investigación o conseguir que la Fiscalía General se sienta coaccionada para la investigación de otras denuncias futuras".

Tras señalar que "denunciar penalmente al fiscal general del Estado por ordenar la apertura de una investigación sobre unos hechos que han sido denunciados por terceros en la Fiscalía General constituye un hecho inédito y absolutamente perturbador para el funcionamiento de la Justicia penal", la Fiscalía señala que "intentar condicionar el trabajo del Ministerio Fiscal mediante la presentación de escritos de esta naturaleza supone ofrecer un ejemplo muy negativo para los ciudadanos". En el comunicado se afirma que "resulta insólita la acusación por delito de revelación de secretos, cuando la Fiscalía se ha limitado a informar a la opinión pública de la apertura de una investigación, materia que no está sometida a secreto alguno".

Asimismo, la Fiscalía niega que su actuación sobre la denuncia de la presunta trama en Majadahonda tenga "la más mínima relación" con la situación creada en Barcelona por los hundimientos en el barrio del Carmel, "como carece de relación con otros muchos procedimientos penales abiertos" en todo el Estado, que tiene que atender la Fiscalía.

Según la nota, el fiscal general del Estado se ha limitado a remitir el texto de una denuncia, ampliamente documentada, a la Fiscalía competente con el fin de que se investigue la veracidad de lo denunciado, "lo que no puede calificarse, en absoluto, de decisión arbitraria o injusta, sino de cumplimiento de su obligación constitucional y estatutaria".

Además, garantiza que en su decreto "no se realizan valoraciones que puedan dañar la imagen ni de personas ni de instituciones o partidos políticos, limitándose a expresar las razones que justifican que la investigación se realice por una Fiscalía Especializada". Porque, añade, "no corresponde a la propia Fiscalía General realizar directamente las investigaciones, sino encomendarlas al órgano competente del Ministerio Fiscal".

Y concluye que no puede, sino lamentar que la respuesta de los denunciados, "en lugar de colaborar para aclarar los hechos, consista en arremeter penalmente, con una preocupante desmesura, contra el órgano del Estado que tiene encomendada la promoción de la acción de la justicia en el ámbito penal".