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El 2% de las maltratadas que fueron al juez recibieron fondos de ayuda

Bienestar Social dice que hay otras medidas de apoyo

De las 6.415 mujeres que presentaron denuncia por maltrato en 2003, sólo 147 (el 2%) obtuvieron una prestación económica reglada (PER), las ayudas del Consell para personas sin recursos y maltratadas, según dijo ayer la diputada socialista Consuelo Catalá. Bienestar Social replicó que las ayudas se dan a quienes las piden y cumplen las condiciones y dijo que hay otras, como la discriminación positiva en el empleo.

Entre los argumentos de la falta de coordinación e "ineficacia del Consell respecto a los malos tratos", Catalá añadió la escasez de telealarmas "que se anuncian desde 2002 y que a fecha de 30 de julio de 2004 sólo había 18 en Alicante y Castellón y 30 en Valencia". Otro de los aspectos que destacó fue las 120.000 llamadas a los centros Mujer 24 horas de Bienestar Social registradas entre 1996 y 2002. "Si lo dividimos por días, salen tres diarias en Valencia, una y media en Alicante y 0,7 en Castellón". La diputada socialista puso también como ejemplo la "cacareada" personación de la Generalitat en los casos de violencia doméstica con resultado de muerte, ya que en el único caso en que la ha ejercido, en el de Manuela Vila, ha sido recurrida por el fiscal de Xátiva tras un año de vigencia de la medida. En opinión de la diputada socialista, un plan integral autonómico "facilitaría mucho" la labor para combatir la violencia doméstica, un ámbito en el que la actuación del Consell es "humo y propaganda", como demuestra la "diferencia brutal" entre denuncias presentadas por mujeres y las ayudas que se conceden por renta activa.

Catalá apoyó con estos argumentos la propuesta de EU-Entesa que pedía una serie de medidas para combatir la violencia doméstica, como un plan integral, una ley, un estudio de las consecuencias, la creación de una comisión técnica y un programa de atención específica a mujeres inmigrantes. El texto contó con la oposición de los 40 diputados del PP presentes en la votación (faltaban ocho), y el apoyo de los 38 diputados de la oposición que estaban en el hemiciclo (faltaban tres).

La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, destacó que además de las PER existen otras medidas de apoyo a las mujeres maltratadas, como pisos y casas de acogida, medidas de formación laboral y actividades de discriminación positiva en el empleo. Además, señaló que el Consell ya aplicaba el 90% de las medidas del plan integral aprobado por el Gobierno estatal. En el mismo sentido, la diputada del PP Elvira Suanzes justificó el voto en contra de su grupo en que todo lo que plantea la proposición no de ley "ya lo está haciendo" Bienestar Social, y que el texto "no aporta ni enriquece nada" a las medidas que desarrolla el Consell. La diputada explicó que Bienestar Social elabora un nuevo plan de igualdad para el próximo cuatrienio con 88 nuevas medidas, y consideró que no sería adecuado crear nuevos órganos que "podrían solapar" funciones.

La diputada de EU-Entesa Dolors Pérez lamentó que el PP "una vez más pierda el tren del avance hacia las mujeres", y consideró que la política en esta materia no puede hacerse de forma partidista ni tampoco "de espaldas" a la sociedad. Pérez aseguró que cada vez que una mujer es asesinada se siente "insultada y despreciada" y leyó el listado de todas las muertes que se produjeron el año pasado.

Por otra parte, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana consignó ayer 713.670 euros para el Plan de Medidas de Inserción Social, cuyo aspecto más destacado son las PER. La cifra es inferior a los 1,5 millones consignados el 24 de febrero de 2004. UGT denunció que es un 30% del total de medidas previstas, aunque Bienestar Social señaló que se cubrirán todas las necesidades y se rebasarán las ayudas presupuestadas.

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