Un testigo asegura que pagó a Vilar para que Agricultura agilizase su concesión fitosanitaria

Un empresario de distribución de productos fitosanitarios aseguró ayer, ante un juez, haber aportado más de 66.000 euros para conseguir la agilización de la concesión de autorizaciones para la fabricación de registros fitosanitarios. Manuel Domingo Ruiz Fuentes dijo haber seguido las instrucciones del empresario Vicente Vilar, quien acusó al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de agilizar las licencias.

Pese a que no señaló explícitamente si conocía el destino final del dinero, sí admitió estar al corriente de la relación de Vilar con Fabra. Aún así, según su relato, la "trama" estaba formada por varios políticos y varios empresarios. Según la declaración del testigo, la entrega de dinero se realizó en febrero de 2001 y se efectuó en metálico y en una bolsa de plástico. Ruiz Fuentes entregó el dinero a Vilar durante una de sus visitas a la fábrica de fitosanitarios que el denunciante posee en el municipio castellonense de Artana.

De acuerdo con su declaración ante el juez, Vicente Vilar le pidió el dinero y le explicó que el destinatario del pago era el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en compensación por sus gestiones para tratar de acelerar la concesión de registros para la fabricación de fitosanitarios ante el Ministerio de Agricultura. En la entrega a Vilar estuvo presente, según añadió, uno de sus socios, José Moreno, quien conocía el pago que se iba a realizar y el motivo del mismo. También se encontraba en la fábrica Monserrat Vives, entonces esposa de Vilar.

Manuel Domingo Ruiz Fuentes declaró ayer en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, en calidad de testigo, en el llamado caso Fabra, en el que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración público entre los que se encuentran el tráfico de influencias y el cohecho. Además de Fabra, la juez imputó estos presuntos delitos al propio Vicente Vilar y a seis altos cargos de los Ministerios de Sanidad, Agricultura y de la Administración autonómica valenciana.

En la declaración que tuvo lugar ayer, el testigo explicó que tras el pago de los once millones de pesetas, percibió una agilización en la concesión de las licencias "prometidas". Agricultura otorgaba estas licencias a la empresa Artemio 2000, de la que son propietarias la ex esposa de Vicente Vilar y la mujer de Carlos Fabra.

El beneficio que Ruiz Fuentes obtenía, según dijo él mismo, se centraba en el hecho de que cuantos más productos fabricara la empresa de Vilar, más fitosanitarios podría distribuir su propia firma. En cualquier caso, señaló que pese a que no obtuvo recibo alguno tras el pago de los más de 66.000 euros, Vicente Vilar se los descontó del pago de productos que posteriormente le remitió para su distribución.

El empresario dijo también ante el juez haber conocido al propio Carlos Fabra en la fábrica de Vicente Vilar, donde se lo presentaron como presidente de la Diputación de Castellón.