EE UU: cortar la carne con un hacha

LOS PRESUPUESTOS para el año 2006 -que fiscalmente comienza el 1 de octubre- presentados por la Casa Blanca al Congreso de EE UU, confirman los peores presagios: los grandes paganos de la política económica de la Administración de Bush serán los gastos sociales. Es lo que Paul Krugman ha denominado "política económica de clase contra clase". Algo nada moderno.

Bush calificó dicho proyecto como el más austero desde los años de Reagan, pero no dijo que es mucho más austero para unos que para otros. Su objetivo es cumplir la promesa electoral de los republicanos de reducir a la mitad el déficit público en el año 2009, es decir, cuando Bush ya no sea presidente y tenga que rendir cuentas. Recordemos una vez más los datos de ese gigantesco déficit presupuestario: la previsión para este año es de 427.000 millones de dólares, el 3,6% del PIB norteamericano; en 2006 debería quedar en 390.000 millones de dólares, el 3% del PIB. Pero las cifras incluyen un alto grado de contabilidad creativa.

Los Presupuestos de EE UU para 2006 incluyen el crecimiento de los gastos militares (el 41% más desde el 11-S), la reducción de los gastos sociales, y la permanencia de la bajada de impuestos para las clases más altas

El presupuesto plantea un incremento del gasto total del 3,5% y un aumento de los ingresos del 6,1%. Desagregemos ese gasto: los gastos militares crecen un 4,8% (desde 2001, antes de los atentados terroristas del 11-S, ese gasto ha aumentado el 41%). Con esa subida, el presupuesto del Pentágono, administrado por Rumsfeld, supone el 16% del gasto total, mucho más que los gastos para todo de muchas naciones desarrolladas. A cambio se reducen los presupuestos de 12 de las 23 agencias gubernamentales, con la desaparición de 150 programas, entre los que figuran las becas, planes contra la drogadicción en las escuelas, proyectos de alfabetización y de promoción de estudiantes con talento, etcétera. Se reducen también los programas públicos en Educación (-1%), Medio Ambiente (un 5,6% menos), Transportes (-6,7%), Desarrollo Urbano y Vivienda (-11,5%), Justicia (-5,5%) o en el capítulo de empleo (-4,1%). También hay fuertes restricciones en la Sanidad de los más pobres (Medicaid) y de los veteranos de guerra.

Pero estos datos no incluyen dos partidas decisivas que en algún momento y en algún lugar habrán de contabilizarse: los gastos de la invasión de Irak y de la guerra de Afganistán (el Ejecutivo acaba de pedir otros 80.000 millones de dólares) y los costes de transición de la reforma de la Seguridad Social. Los cálculos más optimistas indican que los gastos bélicos cuestan al contribuyente al menos 4.700 millones de dólares por semana, y que ya superan los 300.000 millones. Si la coyuntura bélica se estabilizase en la situación actual, durante los próximos cinco años se necesitarían otros 285.000 millones de dólares.

El otro capítulo a añadir es el de la privatización de la Seguridad Social. La reforma consiste en que los trabajadores más jóvenes dediquen parte de sus antiguas cotizaciones a cuentas corrientes privadas de jubilación, estrictamente personales y exentas de impuestos, y que invertirían en los mercados financieros. Se rompe así el contrato generacional. Como en la actualidad las cotizaciones de los asalariados jóvenes se destinan a pagar las pensiones de los ya retirados, los ingresos desviados crearían un agujero que ha de ser sufragado con fondos públicos. Según el vicepresidente Cheney, esa reforma obligará al Gobierno a aumentar la deuda nacional en miles de millones de dólares. El coste que calcula la Casa Blanca es de unos 785.000 millones de dólares durante los primeros 10 años de la reforma.

Con estos mimbres no es de extrañar la poca credibilidad que el proyecto de los Presupuestos ha tenido entre los analistas especializados. Muchos de ellos dudan de que la batalla partidaria permita sajar los gastos citados (y otros, como las subvenciones agrícolas, que disminuyen casi un 10%, y que jugarán un papel muy significativo en las elecciones de mitad de la legislatura). Y otros se preguntan cuáles son las cifras reales de déficit desde las que calcular la promesa de reducirlas a la mitad al principio del próximo mandato electoral.