En favor de las madres de alquiler
Las clínicas de reproducción asistida consultadas por este periódico respaldaron ayer, en líneas generales, el borrador de la nueva ley. Junto a la posibilidad de seleccionar embriones para salvar a un hermano, destacaron la supresión de las trabas introducidas en 2003 -límite de tres óvulos fecundados por ciclo, exclusión para la investigación de los embriones generados después de 2003- y, sobre todo, celebraron la intención de potenciar la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, el grupo de expertos que asesora al Gobierno, y del que dependerá que se autoricen las posibles innovaciones técnicas y demandas novedosas.
También expresaron algunas objeciones al borrador. "Que la selección de embriones para que sean compatibles con un hermano enfermo se regule caso por caso, con autorizaciones expresas, está bien siempre que el proceso sea ágil", señala Anna Veiga, directora de biología del Instituto Universitario Dexeus, de Barcelona. "La Comisión de Reproducción Asistida no serviría tal y como funciona ahora. Habría que establecer una comisión permanente, o ejecutiva, que pudiera examinar las peticiones de los padres con agilidad".
Los expertos piden que la comisión nacional de reproducción asistida sea más ágil
Veiga también considera que la prohibición total de las madres de alquiler es excesiva. "Las sociedades europeas de bioética tienden a admitir algunos supuestos -dentro de la familia, por ejemplo-, siempre que no sea una práctica lucrativa, y con todas las garantías necesarias".
El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), dirigido por Antonio Pellicer, también cree que la utilización de madres de alquiler debería autorizarse en algunos casos, y lo mismo apunta Eleuterio Hernández, director de la clínica FIVMadrid e investigador del CSIC: "Una mujer que nace sin útero no tiene ninguna culpa, y tal vez su única opción para tener un hijo sea recurrir a una madre de alquiler".
Hernández añade otra crítica: "El texto nos devuelve la cordura, pero no resuelve el gran problema de las parejas, que es el precio. Un tratamiento cuesta 3.500 euros, y otros 6.000 si precisa óvulos donados, y sólo Cataluña lo financia con dinero público". Hernández también teme que la creación de un registro de donantes sea un factor disuasorio para las donaciones.
El IVI plantea una objeción más. El borrador limita a seis el número de niños que pueden nacer de un solo donante de óvulos o semen. Esa restricción, según el IVI, es excesiva en un país con más de 40 millones de habitantes, cuya biodiversidad humana difícilmente se vería amenazada por un donante más activo.
