Ingobernable Bolivia
Bolivia se desliza hacia una preocupante ingobernabilidad en alas de continuas reivindicaciones y protestas populares. En el paupérrimo país andino, ocho millones de habitantes en una superficie que dobla la española, las tendencias centrífugas se multiplican sin que el Gobierno del presidente Carlos Mesa, asediado por la izquierda y la derecha y progresivamente débil e irrelevante, sea capaz de poner orden.
El último y más significativo episodio tiene por escenario la ciudad de Santa Cruz, la mayor y más desarrollada del país, donde la subida de los precios del combustible ha sido el pretexto para el inicio de una insurrección pacífica de carácter autonomista, largamente incubada, que tras semanas de huelgas y bloqueos ha forzado ya al Gobierno a dejar en manos de los propios santacruceños la elección de sus gobernantes regionales. Lo que visto desde una sociedad democrática y articulada políticamente podría parecer elemental, no lo es en el caso boliviano. Con un Estado débil, unas diferencias sociales formidables que disparan la ira de los desheredados y unos partidos políticos desacreditados, cada vez es menos lo que separa a Bolivia del desgobierno.
La deriva secesionista de Santa Cruz está impulsada por su élite promercadista, que acusa al presidente Mesa -que llegó al cargo en 2003, tras la caída de Sánchez de Lozada a raíz de una sangrienta revuelta popular- de arruinar la precaria economía del país. La región es la bolsa de prosperidad relativa del país andino, al que aporta la tercera parte del PIB. En el lado opuesto, las presiones sobre el Gobierno de las organizaciones indígenas más combativas han forzado a La Paz a dar marcha atrás en contratos privatizadores en el suministro de agua e intentan forzar la renacionalización de sectores clave como el energético. Líderes como Felipe Quispe amenazan con el autogobierno en Potosí, y oportunistas como el jefe cocalero Evo Morales se dicen dispuestos a ocupar la presidencia.
La creciente inestabilidad de Bolivia, donde mantienen fuertes inversiones empresas punteras españolas, es vista con inquietud desde el fronterizo Brasil hasta EE UU, impulsor de una alianza antidroga con el Gobierno de Mesa. Washington teme sobre todo que este río revuelto acabe aupando a posiciones de poder a alguno de los jefes indígenas radicales. Pero lo cierto es que sin profundas reformas parece insostenible la situación de una de las naciones más pobres del continente, de reciente historia turbulenta y donde una élite de ascendencia europea sigue controlando sus recursos naturales -petróleo, gas, minerales- mientras la inmensa mayoría de la población -aymaras y quechuas- sobrevive con salarios de 50 o 60 euros mensuales.
