Empresarios, sindicatos y alcaldes de la región más rica de Bolivia exigen autonomía

Lo que comenzó como una protesta contra un decreto del Gobierno boliviano que ordenaba la subida de combustibles está a punto de convertirse hoy, a las nueve de la noche (hora peninsular española), en un acto de consecuencias imprevisibles en la conformación actual de Bolivia. El denominado Comité Cívico Pro Santa Cruz, formado por empresarios, sindicatos y alcaldes, se constituirá en cabildo independiente y elegirá una Asamblea que gobierne la ciudad, convertida en la capital económica del país. El Comité Cívico exige autonomía para su región, a 1.000 kilómetros al sur de la capital boliviana, pero en algunos sectores del Gobierno de La Paz ya se habla abiertamente de secesionismo.

El Gobierno de Carlos Mesa se ha tomado en serio desde el primer momento los movimientos de los autonomistas y, en un esfuerzo de última hora, permitió la dimisión del gobernador de Santa Cruz, Carlos Hugo Molina, quien de hecho no tenía ya el control de la ciudad. Era la tercera vez que Molina presentaba la dimisión al presidente.

Antes de irse, Molina aseguró que su última medida había sido evitar la instauración del estado de sitio y que hoy no habría "ni un policía ni un militar" que impidan la celebración del cabildo. "He sido aplaudido. Entré por la puerta y me voy por la puerta", subrayó Molina, ajeno a la desobediencia civil a su autoridad.

A la dimisión de Molina siguió, horas después, la del ministro de Participación Popular y responsable del proceso de descentralización, Roberto Barbery, causada, según sus palabras, por "las circunstancias" por las que atraviesa Santa Cruz.

Las calles de Santa Cruz se han engalanado de banderas autonómicas -verde blanca y verde- y el lema "Autonomía y trabajo". En los medios de comunicación locales, de tendencia marcadamente proautonómica, se insiste en que la jornada debe ser festiva y no violenta. Mientras, reunidos en el Ayuntamiento de Santa Cruz bajo un retrato del libertador Simón Bolívar, los 56 alcaldes de la región decidieron su participación en el acto de hoy, donde el presidente del Comité Cívico, Rubén Costas, instará a la elección de la Asamblea.

Desde La Paz, y en previsión de posibles disturbios, el Gobierno ordenó ayer el acuartelamiento del Ejército en Santa Cruz desde la medianoche. Poco antes, el ministro de presidencia, José Antonio Galindo, llegó ayer a negociar con los representantes del Comité Pro Santa Cruz, pero ya a media mañana parecía imposible. Hasta el último momento los autonomistas han reclamado la abrogación del decreto de subida de los combustibles, la celebración de un referéndum antes de la formación de una Asamblea Constituyente prevista en Bolivia para los próximos meses, así como la elección por sufragio universal de los gobernadores, hecho que en la actualidad es una prerrogativa del presidente.

Movimiento "sedicioso"

Mesa ha cedido en todo menos en el tema de los carburantes y ha optado por no usar un tono alarmista. "La unidad de Bolivia no está en juego", subrayó ayer, a la vez que ofrecía una rebaja en la subida de los carburantes. Menos diplomático ha sido el ministro de Defensa, Gonzalo Arredondo, quien ha advertido de que las Fuerzas Armadas sólo responderán a las órdenes del Gobierno central y ha calificado de "sedicioso" al movimiento cívico de Santa Cruz. Por su parte, el fiscal general de la República, Pedro Gareca Penales, calificó de "legítimas" las aspiraciones autonómicas, pero conminó a los miembros del Comité Cívico a conducirse dentro del marco constitucional.

Lo que preocupa al Gobierno boliviano no es tanto el fondo de la reclamación -una petición de autonomía que de alguna forma tendrá cabida en una reorganización inaplazable del Estado boliviano, de la que el mismo Mesa se ha declarado partidario- como la forma: la expulsión de las autoridades nombradas desde la capital y la formación de un cabildo dirigido por las fuerzas vivas de los ocho departamentos y 56 municipios que reclaman más libertad. A pocos meses de la conformación de la Asamblea Constituyente, dicho cabildo puede constituir un formidable instrumento de presión en la elaboración de la nueva Constitución.

"Conseguir la autonomía por la vía de un hecho inconstitucional es algo que el presidente de la República no puede aceptar", insiste Mesa, quien ha calificado la situación como "una de las más graves y difíciles de su historia".