La industria se opone a la recogida de los desechos electrónicos puerta a puerta

El 13 de agosto próximo, los productores deberán asumir el reciclado de todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Se trata de aplicar en España tres directivas europeas que no pueden demorarse más. De hecho, el plazo para su trasposición a la legislación española terminaba formalmente en agosto del año pasado, y la Administración ya ha recibido una carta de emplazamiento de la Comisión Europea. La nueva Administración se ha puesto manos a la obra y a finales de enero llevará un borrador a la conferencia sectorial que celebrará con los gobiernos autónomos en Santander. En el Ministerio de Medio Ambiente están convencidos de que la propuesta satisfará a la industria, con la que ha mantenido contactos y que espera con intranquilidad conocer cuáles serán sus obligaciones finales y el coste del proceso. En julio, tras conocer un documento de trabajo -que en el ministerio consideraban meramente técnico y preliminar-, remitieron una carta a la ministra Cristina Nartbona en la que se despedían con una advertencia contundente: "Es tal el grado de indignación y preocupación de los sectores afectados, que han llegado, incluso, a plantearse la posibilidad de un masivo incumplimiento de la normativa, tal como ha ocurrido en Portugal, hasta tanto no se recupere un aceptable grado de diálogo".

Jaime Alejandre, director general de Calidad y Evaluación Ambiental, no cree que hubiera motivos para tal alarma. "No es el primer sector industrial que debe asumir una normativa de gestión de residuos. La hay, por ejemplo, para el PCB y el vidrio, y existe una ley de residuos que señala el camino". El objetivo es que el aparato desechado "se convierta en recurso y no en un residuo". Tan sólo en los hogares españoles se generan unas 400.000 toneladas anuales de residuos eléctricos y electrónicos.

La directiva establece que es responsabilidad del productor del aparato gestionar su reciclaje. Las preguntas básicas que se plantean son: ¿quién es productor?, ¿qué pasa con los residuos históricos, aquellos aparatos que se compraron antes de entrar en vigor el real decreto y que deben ser igualmente reciclados?, ¿dónde empieza la obligación de gestionar el residuo, en la casa del comprador, en el punto de distribución? En los desechos corporativos, por su propio volumen, no son previsibles grandes problemas de logística ni gestión. Donde surgen más incógnitas es en la administración del residuo electrónico hogareño, el del ciudadano individual.

Alejandre explica que se acude a un concepto de productor más amplio que el de fabricante, que puede estar perfectamente lejos de España. "El productor es quien pone en el mercado el producto". Habrá un registro nacional de productores.

¿Dónde debe recogerse? La legislación vigente fija tres opciones: el punto de venta, los puntos limpios que instalen las administraciones, en especial las locales, o puerta a puerta. La recogida por parte del productor en el establecimiento de venta o el punto limpio no ofrece problemas para la industria. Lo que no acepta es que se imponga la obligación de recogida domiciliaria. Tanto Edmundo Fernández Puértolas, director de Electrónica de la AETIC, como José Pérez, director general de Asimelec, coinciden en que la recogida a domicilio del viejo aparato puede ser una oferta comercial y en determinados casos, por ejemplo con las neveras, se hace siempre porque nadie comprará un refrigerador si la tienda no se lleva el viejo. "Pero otra cosa es que sea una obligación", insisten. Alejandre explica que tanto la ley de régimen local como la de residuos prevén la recogida puerta a puerta. "La obligación ya existe y los ayuntamientos pueden imponerla. Por tanto, el real decreto de trasposición de las tres directivas no creará una obligación nueva ni la anularemos. Lo que hará, en su caso, este real decreto es recomendar los convenios voluntarios".

Otro problema son los residuos históricos. El productor tiene la obligación de gestionar el reciclaje del aparato antiguo del comprador, sea cual sea su marca, exista o haya desaparecido del mercado. "En el caso de residuo histórico, la factura desglosará el coste que tiene esta gestión para que el consumidor sea consciente del mismo. En los productos nuevos, este desglose no se hará".

El coste de reciclado de estas máquinas viejas se repartirá entre los fabricantes actuales en función de su cuota de mercado en cada una de las tipologías de productos.

El Gobierno dictará la legislación básica, pero serán las comunidades y los ayuntamientos los gestores cotidianos. Una herramienta clave será la apertura de puntos limpios, donde los municipios organizarán de manera ordenada la recogida del material que reciclar.

Según Alejandre, la directiva no actúa sólo sobre la obligación de recogida. "Su mera existencia impulsa una conducta preventiva: los fabricantes, para no incurrir en mayores costes, desarrollan máquinas que generan menos residuos y lo hacen de manera que su desmontaje sea más fácil. Un objetivo es minimizar el desecho. Por otra parte, tiene un lado pedagógico hacia el consumidor".

Desde luego, si el usuario tira a la basura su viejo escáner, poco impacto tendrá la nueva norma, que requiere que la aspiración de un desarrollo sostenible esté viva y creciendo.

La industria acepta la lógica de la directiva, pero teme algunos de sus detalles. Fernández Puértolas señala que una recogida obligatoria puerta a puerta podría triplicar el coste y eso es algo que el sector no puede permitirse para ser competitivo. "Es importante que el coste de la gestión del reciclado figure en la factura porque así se informa al consumidor de los derechos que adquiere cuando compra un aparato sustituto".

La AETIC considera que la industria puede asumir la recogida desde los puntos limpios, pero no el coste de éstos ni la recogida domiciliaria, "que puede ofrecer el vendedor como atractivo añadido".