Diálogo social y negociación colectiva

La Declaración del 8 de julio del pasado año inició una nueva etapa de diálogo social con el triple objetivo de mejorar la competitividad, el empleo estable y la cohesión social. Los déficit de competitividad y empleo que presenta nuestro país hacen necesaria la aplicación de políticas que persigan el aumento de la productividad, fomentando la estabilidad del empleo e incrementando la inversión física en capital humano, tecnología y formación. En definitiva, se precisa un cambio de modelo de crecimiento que fortalezca las ventajas competitivas en aspectos distintos de los costes laborales, vía que está agotada tras la ampliación de la Unión Europea a los países del este, con costes laborales inferiores en un 30% a los nuestros.

Las cláusulas de revisión incluidas en los convenios son un mecanismo estrictamente defensivo

Si bien se trata de un reto estratégico a medio plazo, el momento actual es crucial, puesto que debe iniciarse sin demora la negociación colectiva para 2005, ámbito que incide de forma determinante en el proceso productivo, y que debe constituirse en una pieza esencial que colabore al logro de los objetivos antes mencionados.

UGT ha apostado por que la negociación en 2005 se desarrolle bajo los criterios de un nuevo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC), como los firmados en 2002 y 2003 (prorrogado para 2004) conjuntamente con CC OO, CEOE y CEPYME, porque consideramos que la situación económica requiere de un marco estable, que haga explícita una visión compartida entre sindicatos y patronal del tipo de competitividad y de empleo que nuestro país precisa, y que recoja un modelo de determinación salarial consensuado, que en los años de vigencia de los anteriores ANC ha mostrado sobradamente su eficiencia. Este modelo propone incrementos salariales por encima de la previsión de inflación, sin agotar los márgenes de productividad, e incluyendo siempre cláusulas de revisión para el caso de que la inflación real supere la prevista. En realidad, es el modelo defendido desde hace años por UGT, en línea con las recomendaciones de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y plasma una política de moderado crecimiento de los salarios, cuyos resultados han compatibilizado la obtención de ganancias de poder adquisitivo para los salarios y el aumento de los beneficios empresariales, a la vez que ha favorecido el logro de los objetivos de crecimiento económico, empleo e inflación.

En el periodo 1999-2003 los salarios han crecido por encima de los precios, ganando cuatro décimas de poder adquisitivo al año de media, pero sin agotar los aumentos agregados de la productividad en ese periodo, a pesar de que éstos han sido muy reducidos, en torno a medio punto porcentual cada año. Por ello, los costes laborales por unidad de producto vienen creciendo permanentemente por debajo de los precios (medidos por el deflactor del PIB), con lo que se liberan márgenes extraordinarios que permiten a las empresas elevar la inversión, el empleo y los beneficios. Sin embargo, y pese a este abaratamiento relativo del factor trabajo, las empresas están aumentando los precios aprovechando situaciones de fuerte demanda y escasa competencia en sus mercados. Estos aumentos excesivos de los márgenes empresariales (constantemente superiores al deflactor del PIB) son la causa fundamental de la inflación de fondo de nuestro país, y pone de manifiesto problemas en la estructura de nuestro tejido productivo y un escaso compromiso con la moderación de la inflación de buena parte del empresariado español y de las administraciones públicas.

Estas tensiones inflacionistas persistentes derivan en el desbordamiento de la previsión de inflación y la activación de las cláusulas de revisión incluidas en los convenios, que son un mecanismo estrictamente defensivo: si no se supera la previsión de inflación, no actúan. En contra de las criticas que desde algunos sectores se vierten sobre las mismas, las cláusulas son garantía de la moderación salarial practicada, puesto que sin ellas no es posible utilizar como referencia de precios en la negociación la previsión de inflación. Hay que tener en cuenta que desde 1999 la inflación real ha superado siempre a la prevista (los precios reales han crecido desde entonces un 8,6% más que las previsiones) y que las cláusulas en ningún caso implican ganancias de poder adquisitivo adicionales sobre las pactadas, sino que sólo sirven para garantizar el cumplimiento de lo acordado libremente entre las partes. Los asalariados son, en consecuencia, los primeros interesados en que las cláusulas no lleguen a activarse.

Además, los efectos conjuntos de los convenios que aún no incluyen cláusula (que afectan al 20% del total de los asalariados) y de la existencia de cláusulas cuyos efectos no son plenos, han provocado que la recuperación de la desviación de inflación producida en el periodo 1999-2003 haya sido tan sólo ligeramente superior al 30% del total, con lo que los salarios han dejado de ganar en ese periodo 4,4 puntos de poder adquisitivo, que se habían pactado inicialmente con la referencia de la previsión de inflación, pero que fueron absorbidos por el efecto indeseado de las desviaciones producidas. Las cláusulas son, pues, una parte consustancial del actual modelo de determinación de los salarios, sin la cual queda invalidado globalmente.

La evidencia de los positivos resultados obtenidos con este modelo de determinación salarial incluido en el ANC supone su mejor aval, y ha suscitado el reconocimiento generalizado de que los aumentos salariales en los últimos años han sido moderados y acordes con las necesidades de empresas, trabajadores y economía general, colaborando decisivamente para que nuestra economía haya soportado mejor la reciente situación de estancamiento económico que ha afectado a la mayoría de nuestros socios de la zona euro. Y los resultados salariales en 2004 no pueden sino reforzar esta valoración, puesto que el aumento salarial pactado, antes del efecto de las cláusulas, ha sido medio punto inferior al del año anterior (3% frente a 3,5%), mientras que el IPC en diciembre ha sido 6 décimas superior (3,2% frente a 2,6%).

Por eso resultan poco comprensibles las reticencias mostradas hasta ahora por la patronal (y amplificadas tras su rechazo al acuerdo alcanzado sobre el SMI) a reeditar para 2005 un ANC que incluya ese modelo de fijación salarial que tan positivos resultados ha tenido para todas las partes, y que además hay que recordar que no se trata de un acuerdo de contenido estrictamente salarial, sino que aborda también el tratamiento de otras cuestiones esenciales para las relaciones laborales, como los aspectos relacionados con la estabilidad, seguridad e igualdad en el empleo y la negociación de la flexibilidad interna de las empresas (formación, organización del trabajo), para potenciar realmente estos instrumentos frente a la utilización de la llamada flexibilidad externa (despidos, contratación precaria, externalización de actividades, reestructuraciones y deslocalizaciones).

En definitiva, si lo que se pretende es mantener una política salarial que permita compatibilizar ganancias para trabajadores y empresas, que elimine tensiones e incertidumbres en la actividad empresarial, y que otorgue confianza en las decisiones de inversión y gasto de los agentes, la UGT reitera su apuesta por la renovación del ANC para 2005 sin más dilación, puesto que está pendiente la negociación o revisión de más de 4.000 convenios que regulan las relaciones laborales de 7,5 millones de trabajadores en más de 900.000 empresas. Pero si se trata de promover políticas que impliquen recortes en la capacidad de compra de los asalariados, los sindicatos nos opondremos frontalmente, con la convicción de que no sólo supondría una actuación injustificable, sino que insistiría en una agotada vía competitiva basada en bajos salarios y condiciones de trabajo precarias, y perjudicaría el paso a un nuevo modelo de crecimiento sustentado por el aumento de la productividad.

Toni Ferrer es secretario de Acción Sindical de UGT.