Te voy a dialogar

"¿Por qué se niegan a dialogar?", preguntaba Ibarretxe al principio y al final del artículo publicado por este diario el pasado viernes. Este era el único mensaje que Ibarretxe buscaba transmitir en un texto, por lo demás, cargado de trampas: "La sociedad vasca no está crispada. Somos un pueblo pacífico y trabajador. Vivimos el debate con calma y serenidad. Deseamos, queremos y proponemos diálogo y negociación. Nos han dicho 'no' a todo". Todo un rosario de tópicos, típicos de una psicología que se retrata en toda su crudeza en ese momento narrado por José Ramón Recalde en su Fe de vida, cuando tras su atentado, ante las quejas de uno de sus hijos, Ibarretxe respondía así: "Mira Andrés, no te lleves esa imagen de nosotros, que aquí, en el País Vasco, se vive muy bien". La misma insensibilidad, la misma incapacidad de ver; y siempre ese mayestático recurso al "nosotros", siempre esa hipóstasis, ese plural que homogeniza, que falsea la pluralidad real de la sociedad vasca. Pero él quiere dialogar y los otros no hacen más que decir "no" a todo.

El último "no" ha sido la decisión del Gobierno de someter el plan del tripartito vasco a discusión y votación en la Cámara Baja en los primeros días de febrero. El PNV ha anunciado su voluntad de recurrir al Tribunal Constitucional para exigir que el Congreso de los Diputados abra un proceso de negociación bilateral con una delegación del Parlamento Vasco antes de tomar una decisión sobre el proyecto de Estatuto Político. ¿Por qué el PNV y no el Parlamento o, cuando menos, el Gobierno vasco? Las fronteras entre lo que es un proyecto partidario y lo que debería ser un proyecto acordado entre la mayoría de vascos sigue estando abierta al tránsito de contrabandistas.

El caso es que el PNV recurrirá al amparo de un artículo de la Constitución española, el 151.2, pensado originalmente para la elaboración por la vía rápida de los estatutos de autonomía de las denominadas nacionalidades históricas (reservando para las demás comunidades la vía lenta del artículo 143). Un artículo que dice así: "Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva". A continuación, el artículo 151.3 prevé que "si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto". De esta manera, una relectura (los juristas dirán si forzada o no) de una disposición constitucional pensada para ayudar a nacer a los primeros estatutos de autonomía quiere ser utilizada como recurso para su reforma.

Tengo para mí que el motivo fundamental por el que, en el momento actual, se reivindica dicha disposición, tiene menos que ver con el contenido sustantivo de la misma que con la previsión temporal que en ella se hace. Lo diré a las claras: si en el referido artículo 151.2 se hablara no de un plazo de dos meses sino, por ejemplo, de un plazo de seis meses, no estaría el PNV pensando en utilizarlo. Veamos: ¿cuál sería el escenario si en lugar de dos fueran seis los meses previstos para el exámen conjunto entre la Comisión Constitucional del Congreso y una delegación del Parlamento vasco de la propuesta de nuevo Estatuto Político? Depositado el proyecto a mediados de enero, el Congreso podría alargar el trámite de discusión hasta el verano. Si así fuera, las elecciones autonómicas vascas se celebrarían en pleno proceso de exámen del texto, con lo que la coalición PNV-EA se vería privada de su principal argumento electoral, ese que Ibarretxe borda en su artículo: ¿por qué se niegan a dialogar?

Pero son dos meses, no seis. Dos meses antes de las elecciones vascas. Dos meses preciosos que permitirán visualizar, una vez más, la cerrazón de ellos y la buena disposición de nosotros. Y a hacer caja.