Trabajo revisa la concesión de 44,5 millones a centros de formación

El Gobierno tripartito saldó en 2004 el 75% de la deuda que el Ejecutivo de CiU contrajo con centros de formación ocupacional, que a finales de 2003 ascendía a 177,5 millones de euros, según el Departamento de Trabajo e Industria. Quedan por resolver los expedientes de ayudas por valor de 44,5 millones que podrían ser revocados por presentar "anomalías". Hasta agosto, ya se anularon 14,2 millones en subvenciones.

"No hemos tenido que trasladar ningún expediente al ministerio fiscal", aguró ayer el director del Servicio Catalán de Ocupación (SOC), Francesc Castellana. Aun así, el balance del plan de choque que Trabajo puso en marcha para paliar la deuda histórica que dejó el anterior Ejecutivo demuestra que las irregularidades en los procesos de concesión de subvenciones de los anteriores responsables de Trabajo no fueron pocas.

Durante el año pasado el Gobierno catalán abonó los 133 millones de euros que el departamento debía a sus centros colaboradores, que son sobre todo empresas privadas, sindicatos y patronales. Los expedientes de los 44,5 millones restantes -una cuarta parte del total- están siendo revisados al presentar "anomalías" y pueden ser revocados. De hecho, en esta cantidad se incluyen las subvenciones por valor de 14,2 millones que ya fueron anuladas hasta agosto. Trabajo no pudo ayer actualizar la cifra, pero fuentes del Departamento señalaron que durante el último trimestre de 2004 se dejaron sin efecto multitud de concesiones.

"Casos anómalos"

En muchos casos las ayudas, apuntó Trabajo, se han anulado porque las organizaciones no habían justificado debidamente los gastos efectuados, pero en otras ocasiones se trata de irregularidades como la falta del alumnado necesario para impartir un curso, el mal uso de las subvenciones para adquirir material o una concreción del curso diferente a la prevista en principio.

Castellana aseguró que todas las irregularidades "están perfectamente localizadas" en una cifra que se sitúa entre el 10% y el 15% de los centros que pidieron subvenciones. El Gobierno catalán, añadió, reclamará "posibles retornos" de las subvenciones o bien no abonará la ayuda.

A pesar de que no ha aparecido ningún otro caso Pallerols (de presunta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya) relacionado con estos fondos, Castellana aseguró que pueden surgir más anomalías. "Aún no se ha cerrado todo. Si aparece algún indicio de que se ha cometido un delito, se llevará el caso al ministerio fiscal", señaló.

Tras liquidar esta deuda, Castellana afirmó que la gestión del SOC se ha normalizado a pesar del "colapso" inicial. Lamentó que se llegara a un " infarto" administrativo en 2003 después de una gestión que tachó de "ineficaz" e "ineficiente".

El Departamento de Trabajo ha decidido prorrogar las ayudas para centros de formación ocupacional hasta marzo de 2005. El presupuesto para políticas de ocupación activas asciende a 264,8 millones de euros, de los cuales 160,3 millones ya están comprometidos. Castellana aseguró que el SOC lleva al día sus cuentas, puesto que ha abonado el 82% del importe total de los cursos subvencionados. El departamento prevé que en marzo ya habrá liquidado todas las deudas que pueda tener con los centros colaboradores.

Castellana también anunció una serie de medidas para que las concesiones de dinero público para estos cursos sean más transparentes y avanzó que se reforzarán las inspecciones para mejorar el seguimiento de los cursos y que se incorporarán criterios objetivos a los concursos públicos.